Mientras era duramente cuestionada por sus colegas, debido a su renovada ausencia en el recinto de la Cámara Baja, la diputada nacional y jefa de la Coalición Cívica, Elisa Carrió presentó este miércoles un proyecto de ley para prohibir la inclusión de “cargos extra” en las facturas de servicios públicos. Para plasmar esa iniciativa, el texto busca cambiar los artículos 30 y 31 de la Ley de Defensa del Consumidor (24240).
El proyecto ingresa a Diputados en un momento donde el Ejecutivo intenta buscar una salida a la posible sanción en el Senado, de un proyecto opositor que frena los aumentos de tarifas. La norma ya tiene media sanción en la Cámara Baja, este martes tuvo un dictamen de comisión en la Alta y podría transformarse en ley la semana próxima. El Gobierno, hasta ahora, aseguró que si es trasnformada en ley, el presidente Mauricio Macri la vetará. Esa firmeza comenzó a diluirse esta semana, cuando el gobernador salteño Juan Manuel Urtubey fue recibido por Macri en Casa Rosada y repitió una iniciativa para bajar el IVA del 21% al 10,5% en las facturas residenciales y del 27% al 21% para PyME’s .
Ante las consultas de Letra P, voceros de Carrió no quisieron confirmar que la iniciativa que presentó sea parte de una nueva estrategia del oficialismo para evitar el veto y empalmar con la propuesta de Urtubey, que ya había sido rechazada por los gobernadores provinciales.
“Es otra propuesta que, además pretende liberar a las facturas de los cargos que no tienen que ver con el servicio, pero encarecen. Es otra iniciativa más en busca de una solución mejor” redondeó la fuente consultada, que no desmintió su posible articulación con un giro en la estrategia oficial ante el debate legislativo sobre las tarifas, una potestad que el Ejecutivo dice que no debe ser compartida por el Legislativo.
QUÉ DICE EL PROYECTO. Sin embargo, el borrador aporta fundamentos que confirman esa posibilidad: “Como es de público conocimiento la relevancia y trascendencia que adquirió el debate acerca de los aumentos tarifarios, reflejó la disparidad y falta de razonabilidad en las facturas de los servicios que pagan los usuarios según el distrito al que pertenezcan. Por ello es que creemos imprescindible se incorpore en forma expresa en el articulado de la ley de defensa del consumidor la modificación propuesta”, dice la chaqueña en los fundamentos.
El texto, que lleva la firma de la socia menor de Cambiemos, intenta acompañar la iniciativa del Ejecutivo para evitar la inclusión de tasas municipales y provinciales a las facturas de servicios públicos en todo el país. “Queda expresamente prohibido incorporar en las constancias de facturación que las empresas prestatarias de servicios públicos brindan, cualquier cargo, tasa o concepto que no responda exclusivamente a los cargos por el consumo realizado por el usuario, calculado este según el cuadro tarifario vigente al momento de facturación”, establece el texto, y sólo permite que se puedan incluir “en el detalle de facturación el IVA e ingresos brutos en caso de corresponder”.
ERRORES A CUENTA DE LA EMPRESA. También establece que “cuando una empresa de servicio público domiciliario con variaciones regulares estacionales facture en un período consumos que exceden en un setenta y cinco por ciento (75%) el promedio de los consumos correspondientes al mismo período de los dos (2) años anteriores, sin considerar los aumentos producidos por las revisiones tarifarias integrales, se presume que existe error en la facturación. Para el caso de servicios de consumos no estacionales se tomará en cuenta el consumo promedio de los últimos doce (12) meses anteriores a la facturación. En ambos casos, el usuario abonará únicamente el valor de dicho consumo promedio, debiendo tomar la empresa prestataria dicho pago como válido, al menos hasta que la empresa demuestre lo contrario; quedando expresamente prohibido disponer el corte del servicio”, sostiene el proyecto.
La razón de este esquema, según sostiene el texto, busca “proteger al consumidor de los posibles abusos y excesos en los que incurran tanto las empresas prestadoras de los servicios, como así también las provincias y municipios quiénes a través de distintas leyes y/u ordenanzas, que sujetan impuestos y tasas a un porcentual de los consumos, que en muchos casos no guardan relación a los consumos reales de los usuarios”.
“Debemos recordar que la provisión de agua, electricidad y gas resultan servicios esenciales, y la aplicación de tasas e impuestos en gran medida colocan al usuario en la obligación de pagar un importe mayor al que consumió, llegándolo a colocar en la situación de ver interrumpido el suministro de esos servicios esenciales ante la imposibilidad del pago de los mismos. Con la modificación introducida es nuestra intención resguardar a los usuarios de los servicios esenciales garantizando que las constancias que reciban por las prestaciones de las empresas de servicios esenciales se correspondan y guarden proporción a los consumos efectivamente realizados y los precios guarden relación a los cuadros tarifarios correspondientes”, asegura la propuesta.
