Un juez y un fiscal de Lomas de Zamora, que intervinieron en una denuncia contra el Colegio de Abogados del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, serán sometidos a un juicio político en caso de avanzar los expediente radicados en la Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados que tienen como telón de fondo las próximas elecciones en ese colegio departamental y en la entidad que agrupa a todos los colegios profesionales de la provincia de Buenos Aires. La medida se terminó de definir en una reunión realizada en La Plata que fue informada entonces por Letra P.
Con la firma de la titular de la Suprema Corte bonaerense, Hilda Kogan, la Presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires citó a una reunión para este jueves 5 de abril en el Salón Dorado del Senado bonaerense, según se desprende del documento oficial al que accedió este medio.
El jurado deberá definir la suerte del fiscal Mario Prieto, con asiento en la UFI 2 de Avellaneda, y del juez de Garantías Luis Carzoglio, de Lomas de Zamora. Lo llamativo del caso es que al fiscal lo engarzan en un jurado que había sido designado en 2015 para que analizara la conducta del juez, por hechos que son distintos y no tienen conexidad entre sí.
El pedido de jury es impulsado por el Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires y fue definido el 6 de febrero pasado durante la reunión de Consejo Directivo citado para tratar la interna existente en el Colegio de Abogados de Avellaneda-Lanús, donde está sin definir el pase de más de cien letrados del Colegio de Lomas de Zamora.
En el marco de esa pelea, abogados impulsaron una denuncia penal. El fiscal Prieto solicitó allanar la entidad profesional y la medida fue ordenada por el juez Carzoglio. El operativo sacudió a la abogacía de la zona sur del Gran Buenos Aires y las quejas de los allanados no tardaron en llegar. El Colegio provincial se hizo eco del reclamo y, en votación dividida (con el apoyo de la entidad colegial de Quilmes), se interpuso la denuncia ante la Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados. Esa votación sirvió como “poroteo” de votos de cara a las elecciones en el Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires, donde su actual titular, Mateo Laborde, va por otro mandato.
En un rapto de economía procesal, las denuncias contra el juez y el fiscal serán analizados por un mismo jurado, cuando en rigor, deberían ser por separado. Un dato no menor: uno de los denunciantes es el procurador general vidalista, Julio Conte Grand. En claro castellano, tomaron todas las denuncias, las zurraron en una licuadora y salió un batido con poco sabor republicano.
GÉNESIS. Esta puja tiene como escenario principal las elecciones en el Colegio de Abogados de Avellaneda-Lanús. La confección del padrón cierra el 15 de abril próximo y varios de los letrados que pidieron su pase en lote quieren participar para llegar a la conducción de la entidad, en la actualidad en manos de la abogada camporista Adriana Coliqueo, quien cuenta con el apoyo del intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi.
Los pases nunca se trataron en el seno del novel colegio profesional y generaron una lluvia de amparos (más de cien) que inundaron juzgados de Avellaneda y Lomas de Zamora.
La denuncia contra Carzoglio y Prieto también se explica desde la alquimia concentrada que conforman los colegios de abogados en general y la política bonaerense, donde se discuten y dirimen todos los cargos de la magistratura provincial.
El ciudadano desprevenido se desentiende de estos procesos, pero es allí donde se elige a los representantes de los abogados que luego formarán parte de la designación o destitución de magistrados, en un juego político donde el equilibrio y la astucia son capacidades que no se detentan en las currículas, pero se demuestran en el barro de las negociaciones.
