“No están solos”, remarcó hace un mes la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal al anunciar un paquete de medidas tendientes a aliviar el impacto que la sequía ocasionó en varios productores de la provincia. Esto significaba un paréntesis en la creciente tensión con las entidades del campo, las cuales venían realizando fuertes reclamos por la presión impositiva de la administración vidalista.
Sin embargo, los mecanismos que decidió implementar el Ejecutivo para conceder los beneficios en el marco de la emergencia, dejan afuera a varios productores duramente afectados por la seca y, de otorgarse, es por un plazo acotado en el tiempo. Esos fundamentos son los esgrimidos por las entidades que conforman la Mesa Agropecuaria bonaerense (Carbap, Coninagro, Federación Agraria Argentina y Sociedad Rural Argentina) para rechazar el método que la Provincia utiliza para determinar si un municipio ingresa o no dentro del paraguas de la emergencia.
Al marcar que “el índice presentado como único indicador de la sequía” por parte del gobierno de Vidal deja “arbitrariamente” adentro o afuera de la emergencia a determinadas comunas, las entidades ruralistas alertaron sobre decisiones “unilaterales” por parte del gobierno de Vidal que, más allá de este rechazo, determinó declarar la emergencia para 24 municipios, tras la última reunión de la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario de la Provincia (CEDABA).
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Mediante un comunicado, la mesa integrada por Carbap, Coninagro, Federación Agraria Argentina y Sociedad Rural Argentina, marcó que, durante la reunión de este jueves, “las entidades refutaron técnicamente el índice presentado como único indicador de la sequía, por el que quedaban, arbitrariamente, algunos partidos en emergencia, otros por listado de productores, y los casos de Salliqueló, Gral. Villegas, Cnel. Rosales, Gral. Paz y Villarino fuera de los beneficios de la Ley de Emergencia y Desastre Agropecuario”.
“Ante la negativa oficial de darle a esos cinco partidos y a Patagones la emergencia individual, y rechazar la solicitud de extender todas las emergencias por 180 días, Carbap, Coninagro, Federación Agraria Argentina y Sociedad Rural Argentina no convalidaron la propuesta porque no se contempla la verdadera situación que viven los productores afectados en esos lugares”, se subraya en el documento para añadir: “Nuestras entidades lamentan esta situación, que no se condice con la cooperación público privada que es necesaria para el crecimiento y desarrollo provincial”.
“El campo bonaerense necesita plena comprensión y atención ante la dura realidad que dejará la sequía, especialmente en un año en que el Impuesto Inmobiliario Rural ha subido más del 50 % luego de un revalúo de oficio por parte de ARBA a miles de parcelas rurales”, puntualizaron las entidades ruralistas.
Vale señalar que el impacto que vienen recibiendo los distritos del sur bonaerense afectados por la sequía no sólo se materializa por su no inclusión en las declaraciones de emergencia. Días atrás, la Provincia dispuso aumentos de hasta un 28% en el canon de riego.