En medio de la polémica por los aumentos en las tarifas de los servicios públicos, el Juzgado Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal Nº2 de La Plata comenzará a investigar el adelantamiento del tarifazo al gas que debía aplicarse en mayo, pero que ya rige en todo el país.
La denuncia fue promovida por la asociación civil Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) en tutela de los derechos de incidencia colectiva que invocan respecto de la totalidad de los usuarios del servicio público de gas natural del territorio nacional.
Vale recordar que la asociación pidió la nulidad y planteó la inconstitucionalidad de las Resoluciones ENARGAS 300 a 309 de 2018, que establece un incremento de hasta el 40 % en las facturas de gas a partir del 1 de abril.
Según la norma llamada “Reglas básicas de licencia de distribución”, incluida en el decreto 2255 de 1992, “los ajustes serán estacionales, abarcando los períodos del 1° de mayo al 30 de septiembre de cada año, y del 1° de octubre al 30 de abril del año siguiente”.
Para el juez federal de La Plata Adolfo Ziulu, la asociación “ha justificado la adecuada representación del colectivo” ya que lesionaría de igual forma a todos los usuarios.
Los sujetos demandados en la causa son el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) y el Ministerio de Energía y Minería de la Nación.
Ahora, el juez requirió a las autoridades de ENARGAS y Ministerio de Energía y Minería de la Nación que dentro del plazo de tres días de notificados, produzcan el informe para explicar por qué se adelantó el aumento.