El Gobierno sacudió la agenda mediática con un proyecto de ley que pretende modificar el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Básicamente busca que el organismo que conduce Jorge Todesca provea al Estado estadísticas más representativas de los comportamientos sociales y de consumo. La novedad fue adelantada por Ámbito Financiero. Según detalles a los que accedió Letra P, la iniciativa no significa la eliminación o sustitución del INDEC, sino una modificación del instituto. La normativa que impulsará el Ejecutivo se viene trabajando desde tres sectores: la Jefatura de Gabinete, vía Fernando Sánchez; el Ministerio de Hacienda, vía el vice Sebastián Galiani; y desde los asesores del propio Todesca, que podría terminar siendo titular del nuevo INDEC.
Desde Hacienda confirmaron a Letra P la existencia de la iniciativa. El Gobierno considera que el INDEC necesita la autarquía que, en lo formal, tiene el Banco Central. Esto le permitiría trabajar con estadísticas más representativas de las que, para el Ejecutivo, se están elaborando. Y que son, paradójicamente, las que mejor reflejan el crecimiento económico. Por ejemplo, la ley considera relevante medir despachos de cemento, patentamiento de autos y motos y otros rubros que muestran mejoras en el consumo.
El Gobierno está preocupado porque el INDEC, al medir consumo, solo muestra supermercados y shoppings con cuentas nacionales. Los técnicos que trabajan en la iniciativa explican que este diagnóstico del consumo es incompleto y no refleja las demandas sociales. Naturalmente, el objetivo es también compensar lo que pierde el consumo masivo con indicadores más positivos, una idea que desde el año pasado está en la cabeza de la Secretaría de Comercio que conduce Miguel Braun.
“Tiene la misma estructura que tenía en los años de Onganía”, cuentan fuentes que trabajan en el proyecto de ley. “El objetivo es que la independencia y la transparencia de las estadísticas no dependan del Gobierno de turno, sino que estén protegidas por un marco legal”, cuentan.
Algo que todavía terminaban de definir es si el nuevo organismo estadístico que elabora el Ejecutivo podría acceder a datos sensibles para la conformación de sus estadísticas, como los que administran la AFIP o la Anses.
En paralelo, la ley propone que “este organismo tenga un consejo integrado por miembros del Ejecutivo y de la sociedad civil, que hoy no están representados”. Agregan que “así nos moveríamos a un esquema como el que existe en otros países desarrollados”. Concluyen que “se está trabajando en un proyecto para que la misma ley proteja al organismo de estadísticas de abusos, como los que se cometieron en el gobierno anterior”.
