El impacto de la decisión del gobierno de María Eugenia Vidal de fusionar cursos en escuelas isleñas y rurales afecta directamente al plantel docente de los distintos establecimientos donde avanzó la medida. En el distrito bonaerense de Punta Indio el personal interpuso un recurso revocatorio ante la notificación del cese de los cargos derivado de la decisión de reagrupar a los alumnos. En su descargo, advierten que podrían recurrir a la Justicia Contencioso Administrativa si no se suspende la acción.
“En diciembre se notificó que se avanzaría con una optimización de recursos y eso significaba que la escuelas secundarias rurales con cursos con menos de 15 alumnos se fusionarían”, relató a Letra P Román Santoro, secretario General de Suteba Punta Indio, quien desde ese momento, junto a la comunidad educativa, ha desplegado una serie de actividades y medidas para expresar su rechazo a la decisión de la administración vidalista.
La fusión, que ya avanzó en establecimiento del Delta de San Fernando – según confirmaron a este portal fuentes del Dirección General de Cultura y Educación -, en el distrito conducido por el peronista Hernán Yzurieta, se aplicaría en las escuelas secundarias rurales de Punta del Indio y Viruta.
“Esta orden no está amparada por ninguna normativa, es ilegal y no ha habido una justificación. Es un ajuste”, agregó Santoro quien señaló que la decisión perjudica a la población estudiantil y al plantel docente, dado que muchos quedarán sin cargos.
En este sentido, el dirigente gremial señaló que se presentaron recursos revocatorios ante la jefa distrital tras la notificación de cesantías a los docentes, argumentando la ilegalidad de la medida y solicitando que se suspenda la “ejecución del acto administrativo”.
“La medida es ilegal porque la fusión está fuera del ámbito y tiempo de tratamiento de la Planta Orgánico Funcional Analítica (POF POFA) según lo indica la normativa vigente, Resolución 3367/05 y 333/09”, señala uno de los recursos y agrega que “la Planta Orgánica Funcional debe ser ratificada o rectificada por la Comisión Distrital”.
En esa línea, detalla que la “POF-POFA actual fue ratificada por el Tribunal Descentralizado y el Tribunal Central, sin recomendación de revisar y/o modificar la misma al inicio del ciclo lectivo 2018” y añade que “los establecimientos están en período de inscripción por lo cual se desconoce la matrícula posible al inicio del ciclo lectivo”.
Por eso es que en los fundamentos del recursos señalan que disponer el “cese/disponibilidad del cargo vulnera toda la pirámide jurídica imperante en nuestro sistema de derecho, atento que no existe una sola causa que dé fundamento legítimo para proceder y cualquier acto que se dicte de esta manera es nulo de nulidad absoluta por ser ilegitimo, arbitrario y contrario a los derechos adquiridos”.
Santoro, señaló que la decisión desencadenará “un efecto dominó en los desplazamientos”, dado que los titulares podrán ser reubicados, lo que implicaría un corrimiento de los cargos de suplentes y provisorios; mientras que otros pasarán a disponibilidad.
En el recurso presentado, el personal perjudicado se reserva “la facultad de concurrir a la Justicia Contencioso Administrativa en resguardo de los derechos”.
El dirigente gremial, además, hizo hincapié en la situación a la que se enfrentarán los alumnos, dado que compartirán curso con compañeros de otras edades. “Si los chicos no se adaptan a grados de pluri-años pueden dejar de asistir a la escuela para volcarse al trabajo o puede suceder que las familias los cambien de escuelas para que tengan dedicación exclusiva, tal como la tenían antes el ciclo pasado”, señaló.
