X
El máximo tribunal declaró inconstitucional la resolución de la ANSeS que se utiliza para el cálculo de haberes retroactivos. Además, pidió al Congreso un índice para calcular el haber inicial.
Redacción 18/12/2018 11:11

Por cuatro votos a uno, la Corte Suprema falló este martes en contra el Gobierno por la fórmula que la ANSeS debe aplicar para pagar los haberes de los jubilados que hicieron juicio al Estado y pidió al Congreso que fije un indicador que sirva de referencia para calcular los haberes iniciales.

El fallo contó con los votos de Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Elena Highton, mientras que el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, apoyó la posición del Gobierno y consideró que "la atribución de fijar el índice de actualización no es privativa del Poder Legislativo y que podía ejercerla el Poder Ejecutivo a través de la ANSeS y la Secretaría de Seguridad Social".

 

 

De esta manera, el máximo tribunal hizo lugar a una demanda presentada por Lucio Orlando Blanco, que se jubiló en 2003 y reclamaba la implementación del sistema que existía antes de que se sancionara la denominada Reparación Histórica.

Antes de la sanción de esa ley, para calcular la movilidad jubilatoria se aplicaba el Indice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción (ISBIC), pero la ANSeS comenzó a utilizar el indicador llamado Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).

Los jueces declararon inconstitucionales dos resoluciones oficiales, la 56/2018 de la ANSES y la 1/2018 de la Secretaría de Seguridad Social. Ambas tomaban el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) como indicador para actualizar el haber inicial y el pago de sentencias de quienes iniciaron juicios, en reemplazo del ISBIC.

Fallo de la Corte Suprema by Redaccion Letrap on Scribd

 

Si bien el fallo afecta solamente a este caso en particular, el texto sentará un precedente del que se podrán acoger otros 150 mil jubilados que están en una situación similar cursando distintas instancias judiciales.

El Gobierno reconoce que el impacto fiscal de la medida será nulo en el corto plazo ya que las partidas destinadas al pago de sentencias ya están fijadas por el Presupuesto 2019. De hecho, ante el fallo desfavorable, el Estado recién comenzaría a pagar las sentencias dentro de dos años. 

“Da la presunción que es un fallo muy acotado que no debería tener impacto desde el punto de vista fiscal y económico en las arcas durante este año y los próximos años”, estimó este lunes el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica.