La huelga de 24 horas que el lunes 26 paralizará los aeropuertos del país es el último capítulo de la pelea que los gremios aeronáuticos llevan adelante para enfrentar la política oficial para el sector aerocomercial. Con el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, como cara visible, la "revolución de los aviones" desreguló el sector y habilitó la llegada de empresas de bajo costo que, denuncian los sindicalistas, flexibilizan las condiciones laborales a través de prácticas anti sindicales y perfilan cambios en las normativas de seguridad.
Guillermo Dietrich, ministro de Transporte.
Los principales protagonistas del conflicto son Ricardo Cirielli, de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA); Edgardo Llano, del Personal Aeronáutico (APA); Rubén Fernández, de la Unión Personal Superior Aeronáutico (UPSA); Pablo Biró, de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), y Genaro Trucco, de Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (UALA), todos ellos integrantes del frente de Sindicatos Aeronáuticos Unidos.
A ellos se suma el moyanista Juan Pablo Brey, líder de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), con quien los cinco gremios volverán a articular después de la reactivación de la mesa aeronáutica de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT).
La semana pasada, el plenario de sindicatos de la CATT resolvió convocar a asambleas de trabajadores en las cabeceras de todos los medios de transporte público entre las 7 y las 10 de la mañana del martes 27 de noviembre. La medida, que afectará a millones de personas, estará precedida por el paro aeronáutico de 24 horas anunciado este miércoles, por lo que es más que probable que se convierta en un paro del transporte aerocomercial que roce las 36 horas .
Desde que se anunció una política de cielos abiertos, los sindicalistas denuncian que las empresas de bajo costo funcionan fuera de los convenios colectivos del sector, con escalas salariales que no respetan los acuerdos pactados y que gozan de beneficios que no corren para las compañías tradicionales. La excepción en este panorama es el acuerdo alcanzado en Avianca, donde los gremios impusieron un convenio a imagen y semejanza del que tienen firmado las aerolíneas convencionales, algo que contrasta con lo que sucede en Flybondi, la empresa mimada por el Gobierno.
Dos semanas atrás, Brey encabezó una movilización a la sede corporativa de Flybondi para rechazar las "prácticas anti sindicales" de la aerolínea y denunciar que una trabajadora que se había afiliado a la AAA fue inmediatamente despedida de la empresa.
Meses atrás, se había conocido que entre sus estrategias para neutralizar la acción gremial en sus vuelos, la empresa amarilla apuraba en el por entonces Ministerio de Trabajo la creación de un sindicato para trabajadores de empresas de bajo costo, que tendría entre sus autoridades a personal jerárquico de Flybondi.
La política oficial de desregulación alcanzó también a Intercargo, la empresa pública que monopolizaba los servicios aéreos en tierra en prácticamente todos los aeropuertos del país. En el transcurso de este año, Dietrich completó el traspaso accionario de Intercargo desde la órbita de los ministerios de Defensa y de Economía a la cartera de Transporte, preparando el terreno para modificar las normas de servicios aéreos en tierra.
El cambio, formalizado a través del boletín oficial hace un mes y medio, borró las condiciones preferenciales que tenía la compañía pública para brindar los servicios en tierra, tales como la descarga de pasajeros, el movimiento de valijas y la limpieza de aviones. Hasta ese momento, la empresa del Estado contaba con la potestad de brindar el servicio de forma casi exclusiva, ya que una de las condiciones para eso era que tener la capacidad de operar en todos los aeropuertos del país. Ese virtual monopolio solo tenía como excepción a Aerolíneas Argentinas, American Airlines y, más recientemente, la empresa de bajo costo Flybondi. Todas estas cuentan con capacidad e infraestructura propias.
La desregulación de Intercargo estuvo acompañada además por la apertura de retiros voluntarios al 150% para todo el personal de la empresa, un movimiento que para los gremios representó el inicio del vaciamiento.
Pese a que el presidente de Aerolíneas, Luis Malvido, apuntó que la escalada en el conflicto responde a las sanciones anunciadas contra 376 trabajadores que participaron de las asambleas que afectaron vuelos, la realidad es que la medida de fuerza del 26 de noviembre ya estaba decidida por los sindicatos. La razón es sencilla: la conducción de la empresa de bandera se niega a cumplir con los acuerdos de la paritaria. Según lo firmado, los empleados de Aerolíneas deberían percibir un 6,5% de recomposición salaria por el desfasaje entre el 34% firmado el año pasado y la inflación registrada por el Indec.
A diferencia de las asambleas de las últimas semanas, la convocatoria anticipada al paro general del próximo lunes le permitirá al Gobierno dictar la conciliación obligatoria o, por el contrario, dejar correr la medida y aislar de la sociedad. No es una decisión sencilla, considerando que la medida va a coincidir con la llegada de las delegaciones internacionales que comenzarán a llegar a la Cumbre del G20 que sesionará en Buenos Aires entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre.
