El gobierno de Mauricio Macri avanza con un plan de medidas para empresas que pagaron coimas para obtener contratos con el Estado durante los últimos años, tras la olla de corrupción que se destapó luego de la revelación de los cuadernos de Oscar Centeno. El objetivo de la Casa Rosada es que los CEOs investigados, si se comprobase el cohecho, paguen un “resarcimiento” y devuelvan el dinero a las arcas públicas.
La estrategia del Gobierno se basa en tres ejes fundamentales: la suscripción por parte de las empresas de un plan de integridad (código de buena conducta) para obras públicas, la devolución del dinero y el monitoreo “constante” del Estado sobre el proceso licitatorio. En rigor, se trata de un sistema similar al que actualmente se lleva adelante para el régimen de participación pública y privada denominado PPP, donde el oficialismo intervino con un fideicomiso para garantizar préstamos y asumir la tutela reputacional de las firmas salpicadas por el escándalo.
Cambiemos aún estudia cómo instrumentar este paquete de medidas. Se barajan tres opciones: un decreto firmado por Macri –recurso que no descarta el Presidente- , un proyecto de ley o establecer estos requisitos en cada contrato firmado entre el Estado y el sector privado.
Con este esquema de transparencia, el Gobierno persigue el objetivo ulterior de garantizar que la rueda de la obra pública continúe en la Argentina y la causa de los cuadernos no desencadene una crisis en el sector, en el marco de una situación económica compleja por un escenario inflacionario y recesivo al que se le suman hechos novelescos de corrupción que, naturalmente, complican el desembarco de inversiones.
Por eso, la Casa Rosada movió rápido y buscó mantener el vínculo entre los bancos y las empresas para que no caigan los pedidos de créditos para financiar obras de infraestructura. “No se puede interrumpir el financiamiento”, alertó el procurador general del Tesoro, el abogado Bernardo Saravia Frías, durante el tradicional almuerzo de los miércoles que anima el Rotary Club en el Hotel Sheraton Libertador.
“Nos critican y dicen que se quiere salvar a las empresas. No es así. Todo aquel que esté penalmente involucrado deberá afrontar las consecuencias”, adelantó el abogado salteño que, con el seguimiento del juicio por la expropiación de YPF, se ganó la confianza de Macri.
En pleno escándalo por los cuadernos, Macri recorrió Vaca Muerta junto al CEO de Techint, Paolo Rocca. (FOTO: Prensa Presidencia)
El otro punto que el Gobierno intenta dejar en claro es la división entre CEOs o gerentes apuntados en los cuadernos con el resto de los trabajadores de las firmas comprometidas en la megacausa de corrupción. “Hay que separar personas jurídicas de personas físicas”, sostuvo Saravia Frías en diálogo con Letra P.
“La obra pública tiene que continuar y hay que tener en cuenta los miles de puestos de trabajo que tenemos que cuidar”, agregó. Además, el procurador destacó que la Casa Rosada busca que, a la hora de firmar un contrato con el Estado, las empresas que posean gerentes o dirigentes de primera línea procesados o que se acogieron al régimen de arrepentido -imputado colaborador- deberán obligar a esos directivos a dar un paso al costado para que el contrato prospere.
Por último, Macri busca el método para garantizar que el dinero regrese a las arcas públicas. El camino sería aplicar un sistema de resarcimiento en el que las empresas acordasen un plan de pagos con el Gobierno. Sería lo que se conoce técnicamente como “acuerdo transaccional”.
El gobierno de Cambiemos conoce esa figura y la aplicó en 2017 con OSDE, aunque en un contexto completamente distinto: la prepaga mantenía una deuda millonaria con el Estado y negoció la cancelación mediante un acta acuerdo.
