A menos diez días de asumir al frente del máximo tribunal y en medio de la feroz interna con su antecesor, el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, deberá afrontar el primer paro general convocado por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN).
El poderoso gremio judicial que dirige Julio Piumato iniciará este miércoles al mediodía un paro general por 36 horas, que incluirá una movilización al Congreso, y que expresa la continuidad del plan de lucha iniciado hace tres meses en contra del ajuste en el Poder Judicial y del traspaso de juzgados a la Ciudad de Buenos Aires.
La medida de fuerza transcurre en un escenario signado por la salida de Ricardo Lorenzetti de la presidencia de la Corte, un ministro con el que los dirigentes sindicales debieron batallar en varios temas, pero que siempre reconoció como interlocutor gremial a la UEJN.
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De hecho, ese ministro de la Corte incorporó al gremio a las mesas de discusión para una reforma de la Justicia que se hicieron durante el inicio de este año judicial, que formaron parte de una iniciativa de Lorenzetti para obturar el plan Justicia 2020 que impulsa el ministro de Justicia, Germán Garavano.
Horas antes del paro, estalló el escándalo en el corazón de la Corte Suprema, que se expresó en la pulseada mediática que protagonizan los jueces supremos por el destino del Centro de Información Judicial (CIJ). La la puja es el testimonio más acabado de la resistencia de Lorenzetti a entregar el control de las herramientas estratégicas que construyó durante sus 11 años de presidencia del máximo tribunal, pero también de inexperiencia de su rival en el manejo político de los hilos judiciales.
La llegada de Rosenkrantz, entonces, genera preocupación en los trabajadores, porque el jurista llegó a la Corte de la mano de Cambiemos y presumen que va a ajustar gastos e intentará introducir reformas que debilitarían las condiciones de trabajo, un valuarte gremial en tiempos de crisis.
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Al reclamo de continuar eximidos del impuesto a las Ganancias y el mantenimiento de la jornada laboral de seis horas en el tradicional horario matutino, los judiciales apuntan también a rechazar el traspaso de nuevos fueros nacionales y organismos a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires y los cambios en las condiciones laborales.
Las aguas se agitaron en los últimos días después de que el diario La Nación publicara el domingo 30 de septiembre un editorial titulado “Los desafíos del nuevo presidente de la Corte”, en la que desplegaron una serie de “recomendaciones” sobre cómo debería Rosenkrantz manejar su gestión. No son pocos quienes ven detrás de este editorial la propia pluma de Garavano.
La hoja de ruta consignada en el editorial anónimo exige, entre otros puntos, una nueva relación entre la Corte y el Consejo de la Magistratura, condicionar nuevos ingresos y futuras designaciones por concurso y limitar la cantidad de casos en los que interviene el máximo tribunal.
Más allá de esos temas, los reclamos que pusieron en guardia al gremio judicial fueron el pedido de reforma salarial y la modificación de los horarios de trabajo, incluidas las ferias de enero y julio.
Hasta ahora, la UEJN afrontó una pelea dual, por un lado, confronta con su empleador directo, la Corte Suprema, con la que consiguió avances y retrocesos pero conservando, en el trazo grueso y las negociaciones, las condiciones de trabajo y los beneficios.
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Al mismo tiempo, el sindicato enfrentó los intentos del Ejecutivo nacional para "democratizar" la justicia, durante el kirchnerismo, y reformarla, desde la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada. El ascenso de Rosenkrantz podría marcar, entonces, un punto de inflexión que unifique en una misma figura esos dos frentes de batalla y promete que el enfrentamiento entre los ministros de la Corte, tendrá también su réplica en la conflictividad gremial.