A los tarifazos anunciados por el Gobierno nacional en el servicio de transporte, en el territorio bonaerense se suma un incremento en el servicio de energía eléctrica. La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires autorizó la inclusión de dos impuestos que estaban en disputa judicial desde 2016. Los aumentos ya figuran en las facturan de enero.
Los clientes de Edelap, Edea, Edes, Eden y las cooperativas de energía eléctricas bonaerenses fueron autorizadas por la justicia a introducir a partir de este mes el cobro de dos impuestos que elevan hasta un 15,5 % el valor de la electricidad.
Se trata de dos fondos especiales: el número 7290 llamado Desarrollo Eléctrico y el 9038 Grandes Obras, consigna La Nación. Estos impuestos estaban suspendidos desde 2016 a raíz de una medida cautelar dictada en primera instancia, pero tras una disputa judicial la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires falló a favor de las empresas. Edelap, que presta servicio a más de un millón de familias bonaerenses, este mes ya incluyó los nuevos valores.
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Estos aumentos se sumarán al incremento previsto por el Gobierno nacional para el mes próximo. Según se indicó, se prevé una suba que rondará el 12% promedio a nivel nacional.
Estos dos impuestos que ahora se vuelven a cobrar tienen como destino las arcas nacionales, bonaerenses y comunales y representan un 15,5 % sobre la facturación que paga cada usuario.
El litigio por estos dos impuestos comenzó en mayo de 2016, cuando un fallo firmado por el juez en lo Contencioso Administrativo Luciano Savignano hizo lugar al planteo de dos concejales del radicalismo de Pergamino contra el cobro de sendas tasas creadas en 1967 y 1978. Los concejales, Carlos Elizalde y Ramiro Llan de Rosos, consideraron en su presentación que "si bien la recaudación obtenida por esas disposiciones debía asignarse a obras, estudios y proyectos relacionados con la infraestructura eléctrica, los fondos iban indefectiblemente a parar a rentas generales".
Esa resolución judicial hizo que la suspensión del cobro, que comenzó orientado a los demandantes, se extendiera a todo el territorio bonaerense a partir de una gestión de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, liderada entonces por Marcelo Honores.
No obstante, en noviembre pasado la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de San Nicolás hizo lugar al reclamo de la Provincia para reiniciar los cobros; la oficina del actual Defensor Guido Lorenzino apeló a la Suprema Corte bonaerense, pero el alto tribunal avaló a la Cámara, por lo que los gravámenes cuestionados volvieron a incorporarse en la facturación.