En una sesión caótica y sin debate alguno, el Frente Renovador de Sergio Massa consiguió colar en el proyecto de ley de responsabilidad penal empresaria un agregado sustancial: la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública. La propuesta del Poder Ejecutivo, cuyo espíritu era sancionar a las personas jurídicas, adquirió así otro color en la Cámara de Diputados. Pero en el Senado ya hay pistas de que el peronismo no dejará pasar esa reforma, mientras Cambiemos se esfuerza por enfocar su campaña en la corrupción K.
El jefe del bloque del Frente para la Victoria-PJ, Miguel Pichetto, no anduvo con vueltas y calificó la modificación como “un verdadero mamarracho”. Lo dijo este miércoles no sólo ante sus pares, sino también ante jueces y fiscales, durante el tratamiento del proyecto en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales. Sostuvo que la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción “no resiste el menor análisis” y prometió que el Senado va “a volver este tema a la normalidad”.
En Diputados, la bancada kirchnerista se pronunció en contra de la reforma, propuesta por Mónica Litza, la referente parlamentaria del massismo en cuestiones penales. “No estamos de acuerdo con la imprescriptibilidad porque es inconstitucional”, informó Héctor Recalde. En nuestro país, sólo los delitos de lesa humanidad tienen ese carácter. Pero el rechazo del FpV-PJ no fue suficiente y el nuevo artículo obtuvo 123 votos a favor, 79 en contra y 13 abstenciones.
El tema no es nuevo y una de las principales impulsoras de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción es ni más ni menos que Elisa Carrió, quien encabeza la lista de diputados nacionales de Cambiemos por la Ciudad. “Hay algunos que están rezando para que pase el tiempo y puedan terminar fuera de la cárcel”, manifestó en el recinto el “lilito” Fernando Sánchez. Dos de los siete proyectos sobre el tema con estado parlamentario pertenecen a la Coalición Cívica.
Pero en las últimas horas se sumó a la discusión otro proyecto, promovido desde el espacio de Martín Lousteau, rival directo de Carrió en las PASO. Fue presentado por Carla Carrizo, segunda precandidata de la lista de Evolución, y fija un límite de dos años para los procesos penales por corrupción, contados desde el acto de formalización de la investigación preparatoria.
“El Congreso puede limitar el manejo de causas por parte de los jueces. Hace falta que tengan voluntad política los diputados para avanzar”, expresó Carrizo, y agregó: “Necesitamos modificar el tiempo de los procesos para ponerles un límite. Cuando la justicia tarda en llegar, se termina no haciendo justicia”.
La discusión del proyecto que penaliza la corrupción en empresas tendrá un paréntesis en el Senado por las PASO y todavía no hay fecha confirmada para la firma del dictamen. Menos aún, para su tratamiento en el recinto. La duración de las causas de corrupción es apenas una de las múltiples caras que tiene el texto, que mutó de manera considerable desde su versión original.
Con el debate sobre la expulsión de Julio De Vido todavía fresco, este jueves a las 18 habrá una concentración en el Palacio de Tribunales, que tendrá su réplica en distintos puntos del país. La consigna es “Sin Justicia no hay República” y el reclamo de fondo, el avance de las causas por corrupción. La convocatoria se propagó en las redes sociales y es avalada por el oficialismo.
