LA OFENSIVA DEL GOBIERNO

Gils Carbó arma su escudo legal y político para no ser "la próxima Freiler"

Toman como espejo el caso del camarista que el Gobierno mandó a jury en una maniobra irregular. Preparan presentaciones ante organismos internacionales. La amenaza del fuero Contencioso.

La procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó aprovechó este miércoles un nuevo foro internacional de fiscales para denunciar las presiones de los gobiernos de Argentina y Brasil, acusados de frenar la constitución de un equipo binacional que investigue el caso Odebrecht en ambos países. Esta vez, los señalamientos fueron lanzados desde Brasilia, en el marco de la 22ª reunión de ministerios públicos del Mercosur y tuvieron un tono más duro que las advertencias lanzadas hace menos de un mes en México, durante un foro de procuradores de Iberoamérica. Frente a sus pares de Brasil, Chile y Uruguay, la mujer recordó que el caso Lava Jato fue "un cambio de paradigma en política criminal regional”, y luego, para remarcar las presiones, les preguntó: "¿Vamos a ceder a las presiones para seguir trabajando de manera atomizada y con mecanismos arcaicos? ¿o vamos a seguir avanzando en generar los mecanismos adecuados a los tiempos que corren?", disparó en referencia a la decisión del Ministerio Público de avanzar con el armado de un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) con sus pares brasileños, a pesar de las trabas administrativas promovidas por la cancillería argentina que demora el envío de un exhorto de la Procuración a Brasilia para concretar el acuerdo. En tierra verdeamarella, tal como denunció el procurador Rodrigo Janot, los obstáculos provienen del Ministerio de Justicia del gobierno que encabeza el presidente interino Michel Temer.

 

Luego de referirse al líder de Cambiemos, Gils Carbó planteó su solidaridad con la procuradora venezolana Luisa Ortega, que fue removida de su cargo por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, sin respetar las instancias establecidas por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. "En el caso de Ortega, la persecución política llegó al extremo y se extendió su familia y a sus colaboradores, lo que la obligó a abandonar su país", denunció, en una nueva referencia para emparentar el caso argentino con el caribeño. 

 

TELÉFONO PARA MAURICIO. El mensaje que lanzó la funcionaria sumó un nuevo capítulo a la contienda que libra con la administración del presidente Mauricio Macri, cuyos principales voceros ya aseguraron que Gils Carbó correrá la misma suerte que el camarista federal Eduardo Freiler, que ahora deberá enfrentar el juicio político. Ante las consultas de Letra P, fuentes de la Procuración explicaron estar “muy al tanto de la maniobra” y anticiparon que avanzan en “la recolección de pruebas para denunciar a Macri ante la ONU, la OEA y la OCDE, de modo tal de que pague el costo político internacional de esta embestida contra la independencia del poder Judicial. Macri será, para los organismos internacionales, el Maduro de la derecha”, aseguraron, sin omitir que la próxima escala del duelo con el Gobierno se concretará la semana que viene. El próximo jueves 31 de agosto, Gils Carbó prestará declaración indagatoria ante el juez Julián Ercolini, en el expediente donde se investiga la compra, por 43 millones de pesos, de los oficinas que tiene la Procuración en el 667 de la calle Perón. 

 

“La intención de Macri de sacar a la Procuradora ya es pública. Sus voceros creen que es la misma situación que afrontó el juez Freiler, pero el escenario es totalmente diferente. El Ejecutivo ya sabe que no cuenta con el apoyo necesario en el Senado y tampoco en la Corte para avanzar con su remoción, por eso ahora promovió una curiosa demanda en el fuero contencioso administrativo”, detalló un funcionario que pidió la reserva de su identidad.

 

LA PELEA QUE SE AVECINA. En esos estrados contenciosos late un caso que, en caso de prosperar, podría abrir la puerta para que Gils Carbó sea removida por decreto y no deba afrontar el juicio político. El expediente fue iniciado a principios de este mes, por la ONG Será Justicia y el Colegio de Abogados de la Capital Federal, dos espacios afines al oficialismo, que se presentaron ante el juez Ernesto Luis Marinelli, y le pidieron que “declare la inconstitucionalidad del articulo 76 de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal que establece que su titular sólo puede ser removido por juicio político”. También le reclamaron al Congreso para que disponga un sistema de remoción distinto. El magistrado consultó al ministerio de Justicia, conducido por Germán Garavano, que no presentó objeciones para que avance el caso y avaló las argumentaciones de los querellantes, que se basan en en los casos "Molinas y Solá", en referencia los fiscales Ricardo Molinas y Roberto Solá, que fueron removidos durante el menemismo por un fallo de la Corte Suprema de los 90, que sostuvo la pertinencia del juicio político sólo para los cargos mencionados en la Constitución, es decir, contra el Presidente, el vice, el jefe de Gabinete y los miembros de la Corte.

 

Desde que esta querella fue presentada a principios de agosto en ningún momento el Ministerio Público fue notificado, ni pudo participar del expediente, una decisión que fue apelada este miércoles ante la Cámara Contenciosa y Administrativa del fuero federal.

 

Letra P accedió a la apelación presentada por el secretario letrado de la Procuración, Carlos Salerno, donde sostiene que “en lo sustancial, los demandantes sostienen que el juicio político del procurador es inconstitucional porque constituye "una imunidad no prevista en la Constitución" y recordó que “en abril de 2016 el Ejecutivo había presentado un proyecto de reforma de ley orgánica que, sobre la base de los mismos argumentos introducidos por las actoras en su demanda, pretendía suprimir el juicio político previsto en el artículo 76”.

 

Según la Procuración, “las reformas propuestas dejaban al descubierto la intención del Poder Ejecutivo de debilitar la autonomía e independencia de este ministerio público de diversas formas, una de ellas, la supresión del juicio politico como modo de remover a su titular”. La iniciativa naufragó en el Congreso, destacó Salerno, “ante las serias objeciones constitucionales que despertó en distintos sectores políticos, incluido el propio oficialismo”.

 

Uno de los argumentos que preanuncian las denuncias ante los organismos internacionales, está en la apelación presentada por Salerno. "En este sentido, cabe destacar el rol central que tiene este organismo en la lucha contra la corrupción y quien, eventualmente, lleva adelante la acción penal en su contra. La eficacia de esa tarea, que es esencial para la forma republicana de gobierno, resultará seriamente socavada si el ejercicio de esa función es permeable a las presiones de otros poderes del Estado, que podrían estar involucrados en casos de corrupción”, remarcó, en un tono similar al que utilizó la Procuradora en Brasilia y el Distrito Federal para señalar los intentos de los gobiernos de Macri y Temer para evitar que sean investigados por un equipo conjunto de fiscales.

 

Entre las peticiones a los camaristas del fuero contencioso, el MPF remarcó que no puede ser excluido de ese expediente, porque “viola el debido proceso”, pero en caso de que esa exclusión fuera ratificada, la Procuración advirtió que recurrirá a los tribunales federales de Comodoro Py e hizo reserva de “recurrir ante los organismos internacionales por la grave violación a la independencia del poder judicial”.

 

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