En medio de los reclamos a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, por los operativos de Gendarmería en la zona andina límite de las provincias de Chubut y Río Negro, autoridades del Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche anunciaron sobre el cierre de la semana que habrá un nuevo juicio de extradición al líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala.
En Chile buscan juzgarlo por el incendio de campos y estancias. La notificación llegó hasta Esquel. Ahí, en plena cordillera chubutense, Huala permanece detenido en la Unidad 14.
Ahora, según detalla el diario Clarín, Huala deberá someterse a un nuevo proceso tras declararse el juicio anterior nulo por el juez federal de Esquel, Guido Otranto, quien también está a cargo de la investigación por la desaparición de Santiago Maldonado. El respaldo a esa decisión la dio la Corte Suprema y, en el entorno del líder mapuche, aumenta su preocupación por las decisiones de la Justicia y por una huelga de hambre que debilita su salud.
Otranto, fue quien procesó a un integrante de la AFI por espionaje a diferentes atores sociales de esa región. Letra P describió en un artículo como un espía fue enviado a Chubut a investigar las comunidades mapuches y a los movimientos que rechazan la explotación minera y protagonizan duros conflictos con la multinacional Benetton por ocupación de tierras ancestrales.
El caso fue denunciado por la fiscal federal de Esquel, Silvana Ávila, y comprobado por Otranto, que consideró demostrada existencia de reuniones de esos cuatros funcionarios chubutenses con un espía de la Delegación Trelew de la AFI.
El espía que desembarcó en Esquel para investigar el conflicto mapuche fue procesado por Otranto el 12 de abril de 2016, casi un año antes de antes de que lo hiciera contra los dos policías y dos fiscales provinciales. Según los argumentos del juez, el acusado cometió dos delitos penados por la ley de Inteligencia. En primer lugar, se relacionó, sin la aparente orden de las dos máximas autoridades de la AFI, con funcionarios públicos en torno a la realización de tareas de inteligencia. Y, además, realizó actividades de investigación criminal sin requerimiento judicial.
"Da vergüenza la impunidad que tenemos todavía en este país de no poder frenar una actitud que se viene manifestando desde hace tiempo, donde el propio presidente Macri y Bachelet ya dieron su opinión", había dicho el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, cuando el caso Maldonado tomaba notoriedad nacional.