El Gobierno removió este jueves al último director kirchnerista del Banco Central de la República Argentina (BCRA) Pedro Biscay, la “oveja negra” de la entidad monetaria por sus críticas públicas hacia la política monetaria de su presidente, Federico Sturzenegger.
El golpe final fue concretado a través del decreto 571/2017, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.
En los fundamentos de la decisión, el Gobierno acusa a Biscay de “mala conducta e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, y sostiene que “existen variados y consistentes elementos de juicio que determinan la violación de la Carta Orgánica del Banco Central” por parte del integrante del directorio.
Para la Casa Rosada, Biscay realizó declaraciones que “ponen en riesgo los objetivos establecidos”, como “la estabilidad financiera en un sistema bancario de encajes fraccionarios y en el marco de un país que ha atravesado múltiples crisis cambiarias y bancarias en las últimas décadas”.
El ex funcionario fue designado en 2014 por el entonces ministro de Economía de la gestión de Cristina Kirchner, Axel Kicillof, y su mandato debía culminar en 2019.
La remoción de Biscay fue aconsejada por el Congreso este miércoles, en el marco de una comisión bicameral que emitió un dictamen de mayoría que advierte que “las declaraciones públicas hechas por el director del Banco Central no se adecúan en lo más mínimo a las políticas de comunicación de cualquier Banco Central mínimamente responsable”.
“Tampoco se adecúan al deber de generar previsibilidad y confianza en las políticas del Banco Central, sino que por el contrario, van en sentido inverso a dichas políticas, impactando por lo tanto negativamente en los efectos que dichas políticas buscan generar”, se indica en el dictamen.
El cuerpo que tuvo en sus manos el “expediente Biscay” está integrado por el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo; los presidentes de las comisiones de Presupuesto y de Finanzas de Diputados, Luciano Laspina y Eduardo Amadeo, y los titulares de las comisiones de Presupuesto y de Economía del Senado, Juan Manuel Abal Medina y Eduardo Aguilar.
Biscay hizo circular una nota donde cuestionó la maniobra de la bicameral, dijo “no conocer con precisión” los motivos para su remoción y denunció que sus abogados “no pudieron participar de la audiencia”.
El ex director advirtió que los legisladores que aconsejaron su remoción “se limitaron a leer notas periodísticas como base” para su incriminación, “transformando la comisión prevista en el artículo 9 de la Carta Orgánica en un verdadero comité de censura política y mostrando un alto grado de intolerancia a los que tenemos una visión distinta de país”.
“A pesar de que los senadores Abal Medina y Aguilar reflejaron que no existen causales legales para mi remoción, la mayoría automática decidió avanzar sin motivo alguno, en un acto que a todas luces viola la Carta Orgánica y la estabilidad que el pliego del Senado confiere a los directores con mandato”, lamentó Biscay, que en declaraciones a Radio 10 anticipó que iniciará una demanda en la Justicia.
El ex funcionario insistió en que el dictamen del Congreso, refrendado en el decreto de Macri, “tiene por finalidad silenciar toda diferencia de criterio que resulta disonante o crítica al pensamiento único que guía la actuación del Gobierno Nacional, y que quieren instalar como modelo de sociedad”.