La Comisión Provincial por la Memoria denunció penalmente al personal del Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires. Apunta a quienes trabajan en la Unidad Penitenciaria número 8 de Los Hornos, en La Plata, tras los violentos hechos de la semana pasada, en donde murió Luisa Cienfuegos, una de las detenidas. Para el organismo presidido por el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, esto "se inscribe en la larga y cada vez más grave situación de deterioro del SPB, donde la falta de acceso a la salud sigue siendo una de las claves de la vulneración de derechos y la principal causa de muerte".
La denuncia es por represión, golpes y amenazas, contra el personal penitenciario de la gobernadora María Eugenia Vidal que presta servicios en aquella Unidad. Esto se desprende de lo que pasó el sábado pasado, cuando falleció de un paro cardíaco una de las detenidas de la UP 8 de Los Hornos. Luisa Cienfuegos estaba pidiendo atención médica desde el miércoles anterior, que le fue denegada por las autoridades del penal. Recién el mismo sábado decidieron atenderla y, como no lograron bajarle la presión, fue trasladada a una guardia médica. La mujer falleció en el lugar.
Para la CPM, esta nueva muerte se inscribe en la larga y cada vez más grave situación de deterioro del SPB, donde la falta de acceso a la salud sigue siendo una de las claves de la vulneración de derechos y la principal causa de fallecimiento. El 60% de las muertes que se producen en el encierro en la provincia son por problemas de salud no asistidos adecuadamente. Es decir, muertes evitables.
La CPM viene denunciando históricamente esta situación. Lo que se enmarca en la muerte evitable de Cienfuegos es solo uno de los aspectos que hacen de los lugares de encierro un verdadero sistema de la crueldad.
Otra dimensión son los malos tratos físicos y psicológicos que padecen a diario las personas detenidas. Estas prácticas vulneratorias aplicadas por parte del SPB también son sistemáticas en la UP 8 de Los Hornos. Las denuncias dan cuenta de un agravamiento desde la asunción de Norma Díaz, directora de la Unidad y Zulma Peñalosa, Subdirectora de Asistencia y Tratamiento, Eduardo Ernesto López, Subdirector de Seguridad, Jaqueline Peralta, Jefe del Penal, quienes desde el mes de noviembre vienen imponiendo una gestión que se basa en la sumisión cada vez más agravada de las mujeres dentro del penal.
Esto volvió a suceder el sábado pasado, luego de que se conociera la noticia de la muerte de Luisa Cienfuegos. Sus compañeras del pabellón 4 y pabellón 3 se levantaron en reclamo ante la falta de asistencia médica que sufrió y que vienen sufriendo varias de las detenidas. Frente a las denuncias, el personal penitenciario respondió primeramente con burlas que generaron mayor exaltación de las mujeres detenidas. Acto seguido agentes penitenciarios ingresaron a los pabellones disparando balas de goma y arrojando gas pimienta al grito de al piso, todas al piso.
En esa acción las detenidas lograron identificar a Norma Díaz, Zulma Peñaloza, Eduardo Ernesto López, Jaqueline Peralta y una oficial de apellido Ayala.
Según cuentan las detenidas, "el Sr. López comenzó a tirar de manera discrecional, apuntando con la itaca una por una mientras decía ´a esta te la mato ya, te la mato´. A la primera detenida que agarró el Sr. López fue a Martínez Cruz a quien le pegó cachetadas y luego le pisó la cabeza mientras le apoyaba el arma al grito de ´el que avisa no traiciona´. Muchas mujeres tras inhalar gas pimienta comenzaron a desmayarse, por lo que entre algunas compañeras y agentes, tuvieron que sacarlas del pabellón. Fueron casi dos horas de represión que terminaron con mujeres heridas y algunas ellas trasladadas a otras unidades penitenciarias".
Un equipo de la Comisión por la Memoria, organismo de control y monitoreo de la tortura en la provincia, se presentó el lunes en la Unidad para entrevistarse con las detenidas que aún permanecían en el lugar. Allí se logró recabar información suficiente que da cuenta del accionar del personal del SPB. Con esta información, se presentó la denuncia penal, que fue realizada ante la UFI 2 a cargo de la Dra. Bettina Lacky. En la presentación se solicitó además “que se dispongan medidas de protección para las detenidas que sufrieron la brutal represión, las alojadas en el pabellón 4 y 3, en el SAC de la UP 8, como aquellas mujeres trasladadas a otras unidades que declaren como testigos en la causa. Las medidas que se adopten, no deberán ocasionar nuevos perjuicios a las detenidas ni revictimizarlas en su condición de víctimas de hechos de violencia.”
Por otro lado, la CPM realizó una presentación ante el auditor del Servicio penitenciario bonaerense, Sr. Rafael Paita, reiterando la denuncia de represión realizada ante la fiscalía, manifestando su preocupación y solicitando su intervención “a fin de determinar la responsabilidad funcional de él/los agentes públicos involucrados en los hechos relatados y se adopten las medidas sancionatorias correspondientes”.
El déficit en el acceso a la salud había sido denunciado por las detenidas durante una inspección que la CPM realizó el 28 de abril de este año. A propósito de esas denuncias se realizó una presentación especial con el objetivo de garantizar la integridad de las personas allí detenidas. Pero se trata de una carencia estructural que sigue sin abordarse plenamente. Sumado a esto, los golpes físicos y las amenazas completan un cuadro de situación críticos que continúa legitimando la tortura como una práctica sistemática del encierro en la provincia de Buenos Aires.
