La amplia diferencia entre los datos que comunicó el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y un censo no oficial en torno al número de personas que viven en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires se explica por una decisión de la administración local de “ignorar” a tres de cada cuatro de las personas que padecen esa situación. Los tristemente conocidos como “sin techo”.
En esa decisión, por ejemplo, eligieron no contabilizar a todas las personas que se alojan en forma transitoria en la red de alejamiento nocturno o a aquellas en riesgo de calle inminente por sentencias de desalojo. Pero aún: para llegar al ya grave número de 1.066 personas viviendo en la calle, la cifra oficial que brindó el Gobierno porteño, ni siquiera se recorrieron la totalidad de los barrios en que está dividida la ciudad.
La trampa estadística, aplicada desde el criterio metodológico para elaborar el índice, lo señala el censo que realizaron organizaciones sociales y culturales, con colaboración de la Defensoría del Pueblo y la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA), que en un trabajo conjunto revelaron que número real de las personas en situación de calle con asiento en la Ciudad asciende a 4.394. Sin embargo, si se toma en cuenta también el número de personas alojadas en paradores no documentados por la Ciudad, la cantidad de personas en situación de calle asciende 5872. En tanto, la diferencia númerica entre la medición oficial y la censo popular escala a más de 4 mil personas que la administración porteña no reconoce.
Para achicar la cifra oficial, la Ciudad no contabilizó a personas “en riesgo de calle”, como “quienes tengan una sentencia de desalojo, personas que viven en hoteles bajo subsidio habitacional, quienes duermen en estructurales temporales o asentamientos, personas institucionalizadas en cárceles, hospitales generales y hospitales monovalentes (salud mental)”, advierte el trabajo.
A su vez, en el informe no oficial se acusa al Gobierno porteño de no publicar los datos que obtiene por parte del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. “No existen”, denunciaron.
La Ley N°3706, aprobada durante el segundo mandato de Mauricio Macri en la Ciudad, establece que debe considerarse a las personas que utilizan la red de alojamiento nocturno transitorio como personas en situación de calle. Sin embargo, según el informe, el PRO concibe bajo esa característica sólo a quienes duermen en cuatro paradores: Beppo Ghezzi, Retiro, Azucena Villaflor y San José de Flores.
En tanto, considera que quienes se alojan en hogares y centros de integración (cerca de 20 edificios que corresponden a ONG’s) como “personas en riesgo de situación de calle”.
Estos detalles logran la diferencia estadística entre las personas en real situación de calle y lo que publicó el Gobierno de la Ciudad, que informó que el número de personas en situación de calle es de 1066, 3.300 menos casos que los que detalló el primer censo popular de personas en situación de calle, que obtuvo colaboración del Ministerio Público de la Ciudad, el Consejo de Organizaciones de la Defensoría del Pueblo y la Presidencia de la Auditoría General.
También trabajaron en la medición las organizaciones Abrigar Derechos; Acción Voluntaria; Amigos en el Camino; Asamblea Popular Plaza Dorrego; Centro de Estudiantes de la Facultad de Psicología de la UBA; Centro de Integración Frida; Centro de Integración Monteagudo; Che Cultura; Ciudad Sin Techo.
Metodología y capacitación. El relevamiento se realizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre el 8 y el 15 de mayo de 2017, mediante una metodología de barrido territorial, con un muestreo estratificado regionalmente.
Según consta en el informe al que tuvo acceso Letra P, cada zona asignada fue recorrida una vez en horario de la mañana, una por la tarde y una por la noche.
El recorrido incluyó vía pública, bajo autopistas, espacios verdes, terminales de ómnibus, subtes y trenes, entradas de bancos, cajeros automáticos y hospitales, según se encontraran en la zona asignada. Durante la semana de relevamiento participaron 431 colaboradores-censistas que recorrieron las calles de la Ciudad, organizados en 48 equipos. Los equipos se conformaron de manera mixta: participantes de las organizaciones convocantes, vecinos que se incluyeron a través de la convocatoria por redes sociales y personas en situación de calle
Como instrumento de recolección de datos se utilizó una encuesta con preguntas cerradas para “aplicar a partir de la realización de una entrevista breve o conversación con las personas en situación de calle”.
“Se consideran personas en situación de calle a los hombres o mujeres adultos/as o grupo familiar, sin distinción de género u origen que habiten en la calle o espacios públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en forma transitoria o permanente y/o que utilicen o no la red de alojamiento nocturno (Ley N° 3706/11 Art. 2)”, aclara el informe.
Además, hubo un proceso de capacitación a censistas que constó de reuniones semanales en los meses de abril y mayo.
Números y dudas. El Presupuesto 2017 fijó un total de $8835 millones para el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat y de $2934 millones para la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario. Esa cartera tiene cuatro programas clave para atender esa problemática: Nuestras Familias, Ciudadanía Porteña. Con todo derecho, Atención para familias en situación de calle y Ticket social.
La Defensoría del Pueblo de la Ciudad, a cargo de Alejandro Amor, puso el ojo en esas medidas de gobierno y presentó un proyecto de ley para que el Gobierno porteño “actualice” los montos destinados a esos programas.