Como si fuera una fatalidad para el PRO, la coyuntura electoral de la Provincia de Santa Fe volvió a transformarse en un dolor de cabeza desde este lunes, cuando el concejal radical de Rosario Jorge Boasso denunció en los medios que la Junta Electoral de Cambiemos no le reconoció la lista que había presentado para disputar internas con Nicky Cantard, que responde al titular de la UCR Nacional e intendente de Santa Fe José Corral. La semana pasada los operadores de Cambiemos no lograron encontrar un acuerdo para evitar internas en esa provincia y se preparaban para una contienda previsible. Boasso tiene su peso en el armado de la versión santafesina de Cambiemos: fue candidato a vicegobernador provincial detrás de la nominación de Miguel del Sel en 2015. Las acusaciones que lanzó este lunes no sorprendieron a sus socios coterráneos, pero encendieron luces de alarma dentro de la Casa de Gobierno, ante la posibilidad de que la pelea pública se transforme en un escándalo que impacte en el escenario nacional. Una escalada incómoda del conflicto para la Casa Rosada, frente a un territorio gobernado por el socialista Miguel Lifschitz, provincia donde el jefe de Gabinete Marcos Peña ya decidió promover a Corral como posible candidato a gobernador en 2019 para medirse con el oficialismo local.
Este lunes por la tarde la la junta electoral de Cambiemos Santa Fe resolvió por unanimidad rechazar la lista "Fuerza para el Cambio" de Boasso “por no cumplir con requisitos básicos, como la presentación de avales suficientes”, se según indicó la autoridad partidaria en un comunicado donde también oficializó a "Cambiando Juntos”, que tiene tiene una lista de unidad, integrada por el radical Albor Cantard, el macrista Luciano Laspina y Lucila Lehmann de la Coalición Cívica. El edil radical los acusó de proscripción.
Fuentes de Balcarce 50 defendieron la decisión de la junta porque entre los "requisitos básicos" que citó el comunicado, "de los 2300 avales que presentó, 1000 son truchos, y gran parte de esos 1000, pertenecen a una lista de concejales del 2015 del Frente Progresista Civico y Social (FPCyS)", detalló a Letra P un funcionario que pidió reserva de su identidad, ya que el diferendo terminará en la Justicia Electoral.
Si el Gobierno confirma ante los tribunales sus acusaciones, buscará demostrar que el dirigente radical que reclama internas estaría haciendo una maniobra dentro de Cambiemos con apoyo del Partido Socialista, que lidera Lifschitz, socio principal del FPCyS. "No descartamos que haya tenido un acuerdo con el Socialismo. Tambien había avales firmados por parientes de candidatos que van en la lista oficial, está claro que no estaba bien de papeles", confirmó un funcionario del Ministerio del Interior que conduce Rogelio Frigerio.
Hace dos semanas, durante el segunda reunión del año que hizo el Consejo Nacional del PRO en Pilar, el presidente Mauricio Macri hizo saber a las autoridades partidarias que no aceptarían internas en ninguna provincia, salvo la Ciudad de Buenos Aires. El mapa se mostraba incompleto de antemano, ante las posibles disputas de la UCR en algunas provincias como Santa Fe, Córdoba y La Pampa. Entre este viernes y sábado pasados, Cambiemos no pudo cumplir con el mapa de listas unificadas que había pedido el Presidente. La principal frustración estuvo puesta en las diferencias del radicalismo y en el desconocimiento público que le dedicaron algunos dirigentes . En la Rosada, no descartan un posible contagio de conflictos por internas irresueltas, que podrían ser desconocidas por la Junta Electoral de Cambiemos de cada distrito. "Lo de Boasso esta pasando en varias listas de la UCR que se presentaron a las PASO contra la lista de acuerdo que impulsó y comandó la Casa Rosada", caracterizó un funcionario que se prepara para dedicarle parte de ese arsenal de acusaciones durante los próximos dias en el terreno mediático, porque Boasso, dijo, "tiene una tendencia a mediatizar todo y usa la victimizacion como estrategia".
El estado de sospecha que el Gobierno busca construir alrededor de Boasso confirma que el Gobierno estaría dispuesto a enfrentar pública, y quizás judicialmente, a quienes se resistan a cumplir la instrucción del PRO para evitar internas, una directiva que rige sobre los demás socios de Cambiemos, pero especialmente sobre el radicalismo.
