La sociedad política entre Daniel “el Tano” Angelici y Jorge Gabriel Rizzo está a punto de quebrarse de manera definitiva. Otrora aliados, ahora se enfrentan sordamente por controlar la agenda del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF). El operador judicial de Mauricio Macri y presidente de Boca Juniors amenaza con auditar las cuentas de la institución que preside Rizzo con su agrupación Gente de Derecho desde hace una década.
Desde hace semanas, los representantes del angelicismo en el edificio de Avenida Corrientes dialogan con la oposición para acordar un temario común y convocar a una sesión extraordinaria para el mes de junio. El CPACF posee tres organismos de poder: el Consejo Directivo (que representa al Poder Ejecutivo de la institución), la Asamblea de Representantes (sería el Poder Legislativo) y el Tribunal de Disciplina (que se comporta como un Poder Judicial).
Esa sesión de la Asamblea de Representantes, donde tienen representación todos los espacios políticos del Colegio, surgió tras la decisión del PRO de profundizar la riña con Rizzo. Los detalles del temario aún siguen en proceso de definición, pero la “mesa opositora” que se reúne en la Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA) ya consensuó que se votará el pedido de auditoría para conocer los números de la institución que preside el mandamás de la agrupación Gente de Derecho desde 2006.
En el edificio de AABA, sito en la calle Uruguay, se encontraron Juan Sebastián De Stefano (PRO), Alejandra García y Juan Pablo Zanetta, por Cambio Pluralista, y Juan Pablo Godoy Vélez, Juan Pablo Iunger y Nicolás Oszust, por Encuentro de Abogados. También, estuvieron Ricardo Mihura Estrada y Pablo Pusineri, por Bloque Constitucional, María del Carmen Besteiro y Carlos Miodownik, por Seamos El Colegio, Ricardo Sosa (Mariano Moreno) y Coco Yrigoyen (Abogados de Pie).
Ver a Godoy Vélez y De Stefano en una misma mesa desafía los límites de la imaginación: desde que el primero se fue de GDD, iniciaron una pelea subterránea que incluso se trasladó al Consejo de la Magistratura de la Ciudad. Las teorías conspirativas están a flor de piel y hay quienes sostienen que jamás se pelearon.
Formalmente, los dirigidos por Angelici aún integran el oficialismo pero desde hace tiempo que batallan internamente con Gente de Derecho. De Stefano participa de esos encuentros en representación del presidente de Boca Juniors, que siempre defendió a Rizzo ante el ala judicial macrista que encabeza el secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas. Angelici pasó de marcar como “necesaria” una alianza con Rizzo a generar el marco para que toda la oposición lo denuncie por “fraude” y pida investigar la economía del Colegio que lo tiene a él mismo como autoridad: desde 2016 es vicepresidente II, tras una jugada para blanquear sus vínculos con jueces y fiscales, como informó en exclusiva Letra P.
La riña con el presidente del Colegio generará una situación sin precedentes: los dos sectores que asesoran judicialmente a Macri, la línea histórica denominada CPC y el angelicismo, confluyen en esta estrategia. En el horizonte se encuentra la lucha por el control total del CPACF, que renueva autoridades el año próximo y el PRO aspira a conducirlo en soledad, sin necesidad de una alianza con Rizzo, por la que el propio Angelici siempre trabajó.
CONVIVENCIA TENSA. La relación entre ambos data de hace años. Nunca fue de amistad, pero la sociedad política comenzó a resquebrajarse incluso antes de la última elección en la que compartieron boleta. El operador judicial de la Casa Rosada quería la vicepresidencia, pero Rizzo la tenía reservada para Laura Calógero, que la semana pasada envió señales a los opositores de Cambio Pluralista para que avalen la rendición de cuentas y el Presupuesto de la gestión del CPACF. La respuesta fue negativa.
Finalmente, Angelici aceptó la vicepresidencia II, asediado por los embates de Elisa Carrió, que por ese entonces se dedicaba a “marcar” los límites morales de la coalición Cambiemos. Disparó varias veces contra “el Tano” y el equipo del titular de Boca le aconsejó sumarse como autoridad en el Colegio.
Una vez asumido, siguió la batalla. Rizzo lo acusó de “faltar” a las sesiones del Consejo Directivo y ninguneó su poder en el edificio de Avenida Corrientes. En paralelo, el presidente del Colegio acumuló cuestionamientos al Gobierno de Macri: fustigó por el fallido nombramiento por decreto de los miembros de la Corte Suprema Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz y este 2017 salió duro a pegar a la Casa Rosada por el fallo del máximo tribunal en torno al beneficio del “dos por uno” para genocidas. A fines de 2016, denunció un acuerdo entre el PRO y Sergio Massa por el proyecto de ley que habilitaba a los colegios de abogados a cobrar una “matrícula federal”.
Sin embargo, la gota que rebalsó el vaso fue un homenaje a la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó. En el marco del Día Internacional de la Mujer, Rizzo premió a la jefa de los fiscales por su “trabajo, la trayectoria y el compromiso por una Sociedad más igualitaria”. La titular del Ministerio Público Fiscal fue nombrada por Cristina Fernández de Kirchner y se encuentra en tensión con el gobierno de Cambiemos, que buscó limitarle sus funciones en repetidas ocasiones.
En Balcarce 50 la señalan como la mano tras el avance de una serie de causas judiciales que enervan al entorno presidencial, además de catalogarla como “militante” y “kirchnerista”. La premiación desató un caos en el Consejo Directivo del Colegio y el PRO aprovechó para emprender su camino opositor. Anteriormente, la Casa Rosada fustigó a Angelici por el avance de ese homenaje y le espetaron “falta de control” sobre Rizzo. El presidente de Boca decidió firmar una carta en repudio al acto en el que se agasajó a la jefa de los fiscales.
El titular del CPACF no se queda atrás. Jamás se presentó como un dirigente macrista, aunque fue su aliado en la mayoría de las elecciones del Colegio de Abogados desde el 2012 hasta la actualidad. Sabe que Angelici está detrás de la junta de firmas para la Asamblea y que busca desautorizarlo. Por eso, amenaza con ordenarle a su alfil en el Consejo de la Magistratura de la Nación, Adriana Donato, que vote en contra de la suspensión del juez Eduardo Freiler, que el macrismo quiere fuera del mapa judicial. No obstante, Donato es la presidenta del organismo y difícilmente vote junto al kirchnerismo y en contra del oficialismo en la sesión acordada para el 1 de junio, como publicó el diario La Nación.
Además, Rizzo es un histórico opositor al traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad, tema fetiche para Angelici. El ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y encargado de esa compleja tarea es Martín Ocampo, amigo personal de "el Tano".
LA ASAMBLEA. Los bloques de la oposición aún no terminan de negociar qué temas incluir en la reunión extraordinaria, que tampoco tiene fecha asignada, aunque se estima que sería en los primeros días del mes de junio.
Un sector quiere cambios en las autoridades de la Asamblea de Representantes. Otro pide “frenar” el “tarifazo” a la matrícula. El único consenso es entorno a la decisión de reclamar una auditoría general para conocer el estado financiero del CPACF. Los argumentos se centran en que la gestión actual no presentó balances y que las comisiones del organismo no se reúnen.
“Si quieren la auditoría se la damos, pero con el compromiso de que si sale bien la pagan los que la pidieron”, retrucó una fuente cercana a Rizzo. Además, desde el entorno del presidente del Colegio advierten que la Asamblea “no tiene competencia” para solicitar una auditoría del estado financiero de la institución.
A su vez, cuestionan que la vida política cotidiana del Colegio es escasa. Esa situación lleva a la oposición a hablar de “crisis institucional”. En rigor, esa idea comenzó en 2016 cuando una frustrada Asamblea culminó con una denuncia por “fraude” hacia Rizzo. La reunión siguiente no se pudo realizar porque estaba cerrado el recinto de sesiones y los opositores la hicieron en el bar de la institución. Ante ese marco, en la oposición también pedirán una “regularización institucional” del CPACF.
Para una asamblea extraordinaria se precisan 100 firmas de asambleístas y la oposición ya las posee. El Colegio tiene 348 asambleístas. De ese total, 148 responden a Gente de Derecho y el resto están desperdigados entre la oposición y el PRO que ahora rivaliza con Rizzo. Las matemáticas indican que el abroquelamiento de la oposición genera una mayoría que puede complicar al oficialismo a la hora de votar en la Asamblea de Representantes.
La ley de colegiación indica que con ese centenar de firmas la presidencia está obligada a convocar a la asamblea extraordinaria. En caso de que eso no suceda, hay voces en la oposición que están dispuestas a subir la apuesta: en el encuentro en AABA se sugirió avanzar con la intervención del CPACF.
El artículo N°22 de la normativa de colegiación que dio creación al Colegio Público (Ley N° 23.187) aclara que el pedido de intervención se dirige al Poder Ejecutivo Nacional y se instrumenta con el voto del 51% de los delegados de la Asamblea de Representantes en caso de “trasgresión de normas legales o reglamentarias aplicables al mismo”. Si esa idea prospera, será el gobierno de Macri quien tomará cartas en el asunto.
