A cuatro días de su aprobación por parte de la Cámara de Diputados de la Nación, la ley que autoriza a los colegios públicos de abogados de las provincias y a la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) a instaurar y cobrar una matrícula federal continúa esparciendo esquirlas en el mundillo judicial y político. La iniciativa desató un sinfín de internas, cortocircuitos y provocaciones públicas que trascendieron las paredes del edificio legislativo pero tuvieron como protagonistas exclusivos al PRO, el bloque que conduce Sergio Massa, la Unión Cívica Radical y la agrupación Gente de Derecho, que lidera el titular del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), Jorge Rizzo, que realizó una agresiva campaña para rechazar la ley, que aún debe ser debatida en el Senado de la Nación.
En concreto, aquellos abogados de las provincias que necesiten iniciar un trámite ante la Justicia Federal y Corte Suprema de Justicia de la Nación, para trabajar en territorio porteño, dejarán de pagar la matrícula del Colegio capitalino y solamente abonarán la matrícula federal, que pasarán a cobrar los colegios del interior, a excepción de las provincias de Santa Cruz y Chaco, que no tienen colegiatura y deberían crear sus propias instituciones. Ante este panorama, la institución que preside Rizzo perdería ingresos de aquellos abogados que, en el futuro, podrán prescindir de abonar esta matrícula para litigar sobre temas federales en el ámbito de la Ciudad. Ante la novedad, el titular del Colegio porteño puso el grito en el cielo y arremetió contra los diputados de Cambiemos a través de la red social Twitter.
Algunos colegios provinciales cuestionaron que la nueva matrícula implicará un gasto para los abogados. Actualmente, en el interior para litigar en la Justicia Federal se requiere una matrícula que expide la Cámara Federal y que no representa costo alguno. Es decir, lo que cambia es que de ahora en más los letrados debarán pagar obligatoriamente la matrícula federal, cuado antes la recibían gratis por parte de esta Cámara. En paralelo, con ese pago, que se hace ante la FACA y los colegios provinciales, evitan tramitar la matrícula porteña, en caso de necesitar iniciar un trámite en ese ámbito.
El expediente prosperó gracias a un acuerdo entre el oficialismo nacional y el Frente Renovador que, finalmente, como reveló este medio, no terminó de la manera en que los dirigidos por Mauricio Macri habían pensado. El gobierno apostó por un trueque: Cambiemos apoyaría la ley de FACA y el massismo haría lo propio con dos iniciativas claves para el presidente, como la modificación del Ministerio Público Fiscal y la ley de régimen de participación público-privado en la obra pública. En paralelo, la iniciativa que crea la matrícula federal cosechó duras críticas hacia dentro del bloque Cambiemos, fundamentalmente de los diputados que representan a la Ciudad de Buenos Aires, aunque no por afecto a Rizzo, sino porque el Colegio local perdería una suma importante de ingresos.
Por otra parte, la ley parte en dos mitades el valor del bono que paga cada matriculado por los trámites. Del 100 por ciento del conocido como “derecho fijo”, la FACA se queda con el 20% y el colegio público en el cual está inscripto el matriculado se reserva el 80% restante.
Este punto plantó a todo el Frente para la Victoria en contra del proyecto. El kirchnerismo entiende que la iniciativa será el caballito de batalla de Massa para hacer campaña en el mundo de los abogados del interior y, además, explorar la posibilidad de ingresar al Consejo de la Magistratura de la Nación, que renueva autoridades en el 2018, si es que la Corte Suprema no se expide antes sobre la cantidad de representantes en ese órgano judicial y la integración de esos comicios.
El Frente para la Victoria advierte que, tal como está redactada, la ley “deja abierta” la posibilidad para que los colegios provinciales “cobren lo que se les cante” y, adelantan, podría existir un “peligro de doble tributación”. Según la visión del bloque que preside Héctor Recalde, podría suceder que algunos matriculados del interior deban matricularse dos veces: para litigar en juzgados provinciales y federales.
Por otro lado, curiosamente, un día antes de la votación, y con la campaña de Rizzo en twitter ya comenzada, el oficialismo y el Frente Renovador acordaron "sacar" al Colegio Público porteño de esta transferencia de parte del bono para la FACA. Es decir, mientras todos los colegios provinciales deberán donar el 20 por ciento de lo recaudado por el bono a la Federación, el CPACF no debe girar ni una moneda. El radicalismo se adjudica ese cambio, el titular del CPACF también, pero el resto de la oposición advierte que el PRO benefició al Colegio capitalino para evitar "nuevos insultos" de Rizzo.
A su vez, la discusión por el bono abrió nuevos planteos en el oficialismo. El diputado del PRO Daniel Lipovetzky y su par radical Diego Mestre, el más apuntado por Rizzo en Twitter, reclamaron que se reduzca el valor. De esa manera, por pedido del ex Secretario de Derechos Humanos de la Ciudad, el dinero que tienen que poner los matriculados para hacer cada trámite pasó de representar el 0,5% de la remuneración básica de un juez ($400 aproximadamente) al 0,3%.
Al mismo tiempo, este tándem promovió que la vida institucional del CPACF se pase a discutir dentro de la Ciudad, mediante leyes de la Legislatura porteña que, si el Senado lo avala, podrá dictar normas de competencia vinculada a los honorarios y el ejercicio de la profesión. Esto obligaría al Colegio capitalino a discutir con la política porteña, antes que con el Congreso de la Nación. En el interior de la conducción del CPACF ya entraron en pánico por “posibles” intenciones de auditar la gestión de Rizzo, que comenzó en 2006, por parte de la administración porteña.
En otro orden de planteos, hay quienes ponen la lupa en el artículo Nº14 inciso “a”, que indica que la FACA llevará el registro “centralizado” de las inscripciones en la matrícula federal “cuya creación se dispone por la presente ley”. Sostienen los críticos a este considerando que esto “podría” posibilitar que la federación administre el padrón de abogados para la elección de la Magistratura porque centraliza el registro de los matriculados federales. Sin embargo, la FACA es actualmente la Junta Electoral en las elecciones de abogados del interior para la Magistratura y nadie está en contra de eso.
Los diputados nacionales que representan a la Ciudad y al frente Cambiemos se abstuvieron en la votación, a excepción de Anabella Hers Cabral, militante de Gente de Derecho y cercana a Rizzo, que explicitó su rechazo. En tanto, en el interior del país la ley fue bien recibida.
El titular del CPACF hirvió de furia porque el oficialismo avanzó con esta ley pero congeló la discusión por la ley de honorarios, que él mismo asegura que logró destrabar junto a los senadores peronistas y kirchneristas a fines de 2015. Si la normativa prospera, como quieren Massa y parte del macrismo, esta discusión se dará en la Legislatura porteña, por lo cual quedaría en el arcón de los recuerdos del Congreso. En Diputados el kirchnerismo votó en contra, tal cual Rizzo se enteró por parte del diputado e integrante de la Magistratura nacional Rodolfo Tailhade, quien lo visitó el el viernes 21 de octubre en el edificio de Avenida Corrientes para avanzar diseñar una estregia común para frenar la noramtiva.
La riña de Rizzo con el PRO comenzó meses atrás cuando incumplió una promesa con Daniel “el Tano” Angelici, tal cual informó Letra P. Esa reyerta fue in crescendo y explotó la semana pasada cuando Cambiemos avanzó en el Congreso con la ley de matrícula federal y frizó la de honorarios. Como respuesta, el presidente del CPACF lanzó una catarata de tweets furiosos en los que incluyó a Mestre, Emilio Monzó y Mario Negri. Además, protagonizó un cruce con Juan Sebastián De Stefano, el hombre de Angelici en la Administración Federal de Inteligencia, con quien tenía una buena relación hasta la escandalosa sesión de la Asamblea de Representantes del CPACF, que derivó en un pantanoso proceso de judicialización.
