La diputada nacional y jefa de la Coalición Civica Elisa Carrió lanzó un dardo desde Buenos Aires con destino a Tokio que posiblemente se le haya atragantado al Presidente Mauricio Macri, mientras protagoniza en Japón la última etapa de su gira por Asia. Este viernes, la socia menor de la alianza Cambiemos denunció que un hombre recibió 1.500 pesos para raticar una denuncia por enriquecimiento ilicito en su contra, que la Sala II de la Cámara Federal decidió reabrir hace una semana. Según sostuvo la CC en un comunicado, Carrió "tomó conocimiento esta mañana en la Justicia de que la persona que la denunció por enriquecimiento ilícito recibió un pago de 1500 pesos para efectuar esa denuncia". En el mismo texto, la chaqueña lo consideró como "un vergonzoso escándalo, producto de operaciones políticas vinculadas a sectores de Inteligencia y a altos rangos del Poder Judicial”, disparó la mujer en referencia a una presunta intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y de funcionarios judiciales en el impulso de la investigación en su contra. Ante las consultas de Letra P, voceros de la diputada confirmaron que "está preocupada por la seguridad" del arrepentido que habría confesado el pago y que la denuncia "no ha sido anticipada en privado al Presidente, ni a ningún miembro del Gobierno".
Este viernes por la mañana el abogado de Carrió, Juan Manuel López, pudo confirmar en el expediente que "el denunciante en la causa por enriquecimiento ilícito que tramita en el juzgado de Daniel Rafecas, luego de ser citado por tercera vez a ratificar la denuncia que nunca había ratificado, confesó que la había firmado a cambio de dinero y que no sabía lo que firmaba. Esta persona testificó que le pagaron 1500 pesos para realizar la denuncia en contra de la diputada de la Coalición Cívica ARI", detalló el comunicado.
"También es un enorme escándalo que haya tantas causas fraudulentas tramitándose en la Justicia, tanto en el gobierno anterior, como durante este. Me había resultado muy extraño el fallo de la Cámara Federal que hizo lugar a la reapertura de la causa y revocó la decisión correcta del juez Rafecas de archivarla porque el denunciante nunca había ratificado y porque era una obvia y burda operación”, acusó Carrió en referencia al fallo del pasado 13 de abril, firmado por los camaristas Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah, que resolvieron reabrir el expediente que el juez Rafecas había decidido cerrar porque el denunciante inicial del presunto delito nunca se había presentado a ratificar sus dichos. Ante la nueva orden del tribunal de segunda instancia, el expediente volvió a Rafecas, que "citó por tercera vez a ratificar la denuncia al joven Saúl Enrique Paz, un trabajador de la localidad de Derqui, Partido bonaerense de Pilar, quien finalmente la semana pasada se presentó y bajo juramento declaró que le habían pagado para denunciar a la diputada". Pilar es un distrito gobernado por Nicolás Ducoté, hombre de Cambiemos.
El caso fue abierto en noviembre de 2016, con una denuncia "firmada (por Paz) por los delitos de cohecho, dádivas, enriquecimiento ilícito, malversación de caudales públicos y lavado de dinero". Entre los antecedentes que cita Carrió en el comunicado oficial, "la denuncia se habría basado en publicaciones de medios de supuesta vinculación con los servicios de inteligencia". Se trata del segundo expediente contra Carrió. El primero, basado en "los mismos delitos", fue archivada, pero llevaba la firma de "Mariano Noel Valdez, un abogado que habría copiado parte de la denuncia que le hicieron firmar a Paz". Según denunció el comunicado, "la presentación de Valdez se dio ante el frustrado intento de los instigadores que se ocultaron detrás detrás de Paz para armarle una causa a Carrió. La segunda denuncia hoy sumada a la primera habría sido una maniobra por parte de los supuestos denunciantes para dirigir la búsqueda de un juez que le arme una operación judicial a Carrió".
El expediente, que ahora tiene a Paz como arrepentido, "esta en manos de la fiscal Federal Paloma Ochoa", informó la diputada que también "manifestó su preocupación por la seguridad del señor Paz quien fue evidentemente instigado por personas oscuras que pueden pertenecer a los servicios de inteligencia o sectores del Poder Judicial o de la política bonaerense".
Los elípticos mensajes de Carrió no mencionan nombres entre los presuntos instigadores, pero pueden estar dirigidos al titular de la AFI, Gustavo Arribas, a quien ya querelló sin éxito en Tribunales. A su segunda, la "Señora 8", es decir, la ex legisladora y ex titular de la Comisión Bicameral de Seguimiento de Organismos de Inteligencia del Congreso Silvia Majdalani, también depositaria de la bronca de la chaqueña. También a los miembros de la Sala II de la Cámara, además del titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, su archienemigo, y el cortesano que decidió entregar el manejo de las escuchas telefónicas judiciales a Irurzun, uno de los tres camaristas apuntados. El otro interrogante es el capítulo bonaerense que señaló la diputada. En ese abanico los señalamientos pueden recaer sobre el cuestionado ministro de Seguridad Cristian Ritondo, a quien la líder de la CC ya acusó públicamente de promover denuncias en su contra.
Buena parte de los nombrados son personajes directamente vinculados a Macri, el principal encargado de contener diariamente a Carrió dentro de Cambiemos.
