El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas ratificó este jueves que la prisión de la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, es “arbitraria”, tal como lo había dicho en un informe que se dio a conocer en octubre del año pasado. Además, el organismo expresó además su "preocupación" por el "uso excesivo de la prisión preventiva" en la Argentina.
“Esta no fue una visita de seguimiento a una causa particular. No fue una visita para revisar la opinión del año pasado, que sigue vigente”, dijeron en conferencia de prensa en Buenos Aires los expertos en derechos humanos Sètondji Roland Adjovi y Elina Steinerte, del Grupo de Trabajo de la ONU, que llegó a la Argentina el 8 de mayo para hacer un informe preliminar sobre el diagnóstico que elaboraron durante su visita oficial en el país.
La detención de Sala, hace un año y medio, no solo generó revuelo en la política doméstica sino que puso a la Argentina bajo la lupa de diferentes organismos internacionales, que se expidieron sobre el tema. Desde el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria, hasta la Organización de Estados Americanos – en boca de su secretario general, Luis Almagro –, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional y Human Rights Watch emitieron comunicados pidiendo por la libertad de la líder de la Tupac Amaru.
Por otro lado, en sus conclusiones preliminares, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria recordó que, "conforme la Ley Nacional 24.390 promulgada el 21 de noviembre de 1994, la prisión preventiva debe utilizarse con carácter excepcional, luego de haberse considerado ciertos factores relevantes como el riesgo de fuga y el de obstaculizar la investigación, así como la complejidad del caso".
"El Grupo de Trabajo halla que este marco legal no se refleja en las prácticas del Poder Judicial, que tiende a otorgar la mayor parte de las solicitudes de prisión preventiva. Como resultado de ello, aquellos detenidos preventivamente constituyen alrededor del 60 por ciento de la población detenida dentro del sistema de justicia penal", puntualizó este cuerpo de la ONU, dependiente del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.
En este sentido, indicó que la cifra de detenidos bajo prisión preventiva es "superior en algunas de las instituciones visitadas por el Grupo de Trabajo" y puso como ejemplo que "el 75 por ciento de las personas detenidas en el Complejo Penitenciario Federal IV de Mujeres en Ezeiza se encuentran en calidad de prisión preventiva".
También, el Grupo expresó su "alarma" por el hecho de que "las comisarías albergan detenidos durante períodos prolongados" y entendió que "esto surge principalmente del uso excesivo de la prisión preventiva en todo el país y de la falta de espacio en los centros de detención".
En otro orden, en un documento en el que volcó sus conclusiones preliminares, el Grupo sobre Detención Arbitraria remarcó que "es responsabilidad del gobierno federal garantizar que se cumplan todas las obligaciones jurídicas internacionales en todos los niveles dentro de su jurisdicción" y subrayó que "la estructura federal del país no debería obstaculizar el cumplimiento efectivo de las obligaciones internacionales asumidas por la Argentina".
Asimismo, en otro de los apartados de sus conclusiones preliminares, los especialistas del organismo advirtieron sobre el "impacto negativo en la situación general en materia de derechos humanos en la Argentina" que acarrea la demora en la designación de un nuevo Defensor del Pueblo de la Nación, y exhortó a las autoridades a que "redoblen sus esfuerzos y prioricen" el proceso para cubrir ese puesto, vacante desde el 2009.
Fuente: Télam