En un mensaje contundente a la Corte Suprema de Justicia, el Senado sepultó este miércoles la posibilidad de que los criminales de la dictadura cívica militar puedan acceder a reducciones de condenas a través de la aplicación del 2x1. Por unanimidad, la Cámara alta convertió este miércoles en ley el proyecto aprobado en la noche del martes por Diputados, que aclara que el principio de la discordia nunca podrá ser aplicable en casos de delitos de lesa humanidad, lo que supone un enmiendo a la Ley 24.390, que estableció ese cómputo de la pena.
El Senado había convocado a sesionar cuando el proyecto ni siquiera había sido votado en Diputados. Todo un gesto de las coincidencias alrededor de un repudio generalizado que se hará sentir por la tarde en Plaza de Mayo, con una marcha convocada por numerosos organismos de Derechos Humanos bajo la consigna “Señores jueces: Nunca Más”.
Con tan sólo tres artículos, el proyecto viene a subsanar el fallo avalado por los jueces Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti a partir del caso del genocida Luis Muiña, que abrió las puertas a varias presentaciones de represores ante la Justicia para reclamar su libertad.
El texto modifica el artículo 7 de la Ley 24.390 –hoy derogada- para especificar que el 2x1 “no es aplicable” a los crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra. En segundo lugar, se establece que ese beneficio sólo podrá regir en los casos en los que el condenado hubiese estado privado de su libertad en forma preventiva entre 1994 y 2001 -es decir, durante el período de la vigencia de la norma-. Por último, se deja asentado que esa interpretación es la que debe aplicarse a todas las causas en trámite.
El proyecto sancionado es una síntesis de iniciativas de la diputada de Libres del Sur Vicoria Donda, el peronista Remo Carlotto, la socialista Alicia Ciciliani, los macristas Pablo Tonelli y Daniel Lipovtezky y el kirchnerista Héctor Recalde (FpV-PJ).
El jefe del bloque del FPV-PJ, Miguel Pichetto, señaló que el Senado estaba votando "un mensaje de un poder del Estado a otro poder del Estado, que es el Poder Judicial, de que el gato tiene cuatro patas, no tiene cinco; y que tienen que atenerse a la ley".
El proyecto fue informado por Pedro Guastavino, de la misma bancada, presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, ex detenido y torturado y con dos familiares asesinados por la dictadura. "Intentamos sentar una pauta interpretativa que, en lo sucesivo, impida a quienes usaron el aparato del Estado para secuestrar, desparecer, torturar y apropiarse de menores nacidos en cautiverio gozar del beneficio" del cómputo doble de los días de detención sin condena, aseguró y cuestionó a los jueces de la Corte que firmaron la sentencia al asegurar que "el Tribunal se aferró a la literalidad de la ley".
