Semanas atrás, la cuenta oficial de Twitter de la oficina de Participación Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires empezó a interactuar con los vecinos porteños de una manera que irritó a comuneros y diputados opositores: mediante un tweet “amistoso” se consultaba sobre la posibilidad de modificar el nombre de las comunas, situación que devino en una denuncia por parte de la oposición.
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La jefa del Bloque Peronista de la Legislatura capitalina, María Rosa Muiños, denunció que la administración de Horacio Rodríguez Larreta gasta $70 millones en un programa que busca cambiar el nombre de las 15 comunas en que está divido el distrito.
“El GCBA otorga 70 millones de pesos a un programa que se dedica a publicar encuestas por Twitter para ponerle nombre a las comunas a través de maniobras ilegales que arrasan con el derecho de sus habitantes a participar en las cuestiones que los afectan directamente”, rugió la dirigente del Nuevo Espacio de Participación (NEP).
En efecto, esta oficina pública que pertenece a la Secretaría General y Relaciones Internacionales consultó días atrás sobre la probabilidad de modificar, por ejemplo, el nombre de la Comuna 8, integrada por los barrios de Villa Lugano, Villa Riachuelo y Villa Soldati. Con el 66% se impuso el nombre de Jorge Newbery, el científico y desportista que deslumbró a los argentinos entre fines del siglo XIX y comienzos del XX.
Para Muiños, este método es “ilegal y fraudulento” porque viola la Ley N°1777, normativa que dio vida a las Comunas, y la Constitución de la Ciudad. Según la edil, el artículo sexto de esa ley “establece que deben ser sus habitantes los que definan el nombre de las mismas a través de una consulta popular”. El distrito tiene un antecedente de este tipo de intervención vecinal: en los comicios generales del 2015, los porteños, además de votar legisladores, comuneros y jefe de Gobierno, sufragaron sobre el nombre de su Junta Comunal. Esto sucedió únicamente en la Comuna 9 (Mataderos, Liniers, Parque Avellaneda), que adoptó el nombre de Lisandro de la Torre, bajo un procedimiento que fue un éxito.
La diputada peronista explicó que la consulta popular para renombrar una comuna se da por iniciativa de “al menos” cuatro de los siete comuneros de la Junta Comunal y sólo pueden votar quienes acrediten vivir en los barrios que la conforman. “Tenemos la certeza de que por medio de la cuenta @BAPartCiudadana han votado salteños y estadounidenses, además de porteños de otros barrios y en varias oportunidades. Es decir, que este procedimiento carece de toda transparencia”, denunció Muiños.
Estas ciber-encuestas comenzaron en febrero de este año en la Comuna 1, a pesar de que sus comuneros ya habían elevado en 2015 una propuesta al Tribunal Superior de Justicia, lo cual provocó que todos los legisladores, incluidos los del PRO, aprobaran una resolución para que el Poder Ejecutivo informe por qué se están llevando adelante estos procesos que violan la Constitución de la Ciudad y la Ley de Comunas.
Por otro lado, la dirigente del NEP advirtió que sucedió lo mismo con el mural en homenaje a Gustavo Cerati que Larreta inauguró en la Comuna 15 a fines de marzo de este año. “También, fue votado en una elección promovida de la misma forma: en esa ocasión votaron muchos más vecinos que los que efectivamente viven allí”, cuestionó.
“Como este es un año electoral, los 105 comuneros electos pueden llamar a consultas populares en todas las comunas sin que esto conlleve gastos adicionales, tal como ocurrió en 2015 en la Comuna 'Lisandro de la Torre' (ex Comuna 9), donde el 80% de los vecinos acompañaron la iniciativa de sus comuneros”, concluyó Muiños.