La institucionalidad en veremos

Con la designación de Guillermo Jenefes (FpV), se completa el directorio del Enacom. Sesgo privado comercial y conflictos de interés como rasgos del organigrama que regula el sistema de medios.

Si se entiende una institucionalidad sólida como el marco formal que reconoce procesos abiertos y plurales para la toma de decisiones, claridad en la gestión y acciones de largo plazo en un contexto de respeto a los derechos de la ciudadanía de modo integral, en materia de medios Argentina permanece lejos.

 

Las políticas de comunicación del gobierno de Cambiemos se componen de un conjunto de decretos que reformaron la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), la transformación de todos los organismos de gestión y administración, la promesa de una normativa convergente que regule el sistema, una administración contradictoria de los medios público y la gestión con luces y sombras de la Publicidad Oficial.

 

Respecto de los órganos de aplicación y control del marco regulatorio y del conjunto de planes, programas y proyectos que hace a la política integral, Mauricio Macri reformuló la estructura heredada desde los primeros días de su mandato. Creó el Ministerio de Comunicaciones y designó en su lugar al radical cordobés Oscar Aguad en un gesto político con sus aliados. El funcionario cuenta con escasos antecedentes en el área y ha expresado una orientación vinculada al desarrollo del mercado combinada con cierto desconocimiento. En ocasión de su participación en la Feria de la Tecnología de Barcelona (España), en febrero de 2016, se refirió a la posibilidad de compartir archivos por correo electrónico como una novedad.

 

Bajo la órbita del nuevo ministerio quedaron los organismos de telecomunicaciones (AFTIC), medios audiovisuales (AFSCA), el sistema satelital ARSAT (donde designó a su yerno, Rodrigo de Loredo) y el tradicional sistema de correo postal. Más allá del conflicto que estalló estos días por el acuerdo entre el Gobierno y la empresa administrada por la familia Macri, la decisión de crear la cartera dio centralidad a las decisiones para un mercado que la Casa Rosada entiende puede ser clave en la reactivación de la economía.

 

La constitución de un Ente Nacional de las Comunicaciones (Enacom) directamente dependiente del Poder Ejecutivo fue el siguiente paso en la configuración del organigrama. Esto pasó luego de la disolución de la AFSCA y la AFTIC. Así se suceden decretos y resoluciones mientras se diluyen la promesa de una nueva ley.

 

El nuevo organismo se configuró con dos rasgos distintivos. En primer lugar, dada su composición, se convierte en un ente gubernamental, en el que sobresalen representantes de la alianza gobernante. En segundo término, se constata un sesgo en la representación de los actores de la comunicación que favorece a los medios privados-comerciales. Y dejó de lado a la perspectiva sin fines de lucro.

 

De acuerdo al artículo 5 del decreto 267/15, que lo creó, su directorio debe estar compuesto por siete miembros: cuatro miembros designados por el Poder Ejecutivo y tres por una comisión bicameral del Congreso, uno por cada minoría de las tres más representadas. Y todos pueden ser revocados por el Presidente sin justificación de causa.

 

JUECES Y PARTES. El análisis de los nombres que representan al PEN vuelve muy clara la centralidad y dependencia del Gobierno, algo complejo de evitar por tradición y estructura organizacional.  El presidente es Miguel Ángel De Godoy (ex legislador de la Ciudad y vocero de Macri en la campaña de 2015, fue el representante de la Ciudad de Buenos Aires en COFECA y secretario de Medios porteño entre 2011 y 2015); y los directores son Alejandro Pereyra (especialista en regulación que fuera impugnado para integrar la AFSCA en 2012), Heber Martínez (ex gerente de Asuntos Corporativos del Grupo Telefe y miembro de la ATA) y Silvana Giudici (ex diputada de la UCR,  hoy integrante del PRO).

 

Todos están en funciones y toman decisiones cotidianamente. Sus orígenes y vinculaciones con los dos grupos más potentes del sistema de medios argentino -Clarín y Telefónica- y con la alianza Cambiamos desnudan el sesgo. Pero los dilemas de la institucionalidad no se reducen a los representantes del Gobierno.

 

En julio de 2016, habían sido designados el jujeño Miguel Giubergia (ex diputado radical) como representa de Cambiemos -tercera minoría- y Claudio Ambrosini (ex director de prensa de la ANSES) por el Frente Renovador -segunda minoría-. Finalmente, el 14 de febrero de este año se completó el directorio con la designación de Guillermo Jenefes (ex senador por el Frente para la Victoria) por la primera minoría.

 

Esta última designación generó discusiones políticas. Su nombramiento fue impugnado por legisladores de su propio partido. Además, consolidó un proceso caracterizado por una serie de conflictos de intereses entre las autoridades designadas, el rol que deben cumplir y sus antecedentes y desarrollos vinculados a la actividad.

 

Jenefes es propietario del Grupo Visión Jujuy desde 1982 y lo presidió hasta 2013. De acuerdo a su página web, este multimedio controla Radio Visión Jujuy S.A. y “cuenta con seis medios de comunicación. cuatro radiales, un canal de aire y un medio escrito digital.” En el marco de la Ley Audiovisual, que tenía como objetivo la desconcentración de la propiedad, el Plan de Adecuación aprobado por la AFSCA daba cuenta de que Eulalia Quevedo de Jenefes, la esposa del nuevo director del  Enacom, es accionista de la firma junto a otros familiares.

 

Intervenir y tomar decisiones en materia regulatoria en un área en que actúa como actividad comercial no es una novedad para el ex senador. En 2009, cuando se debatió la Ley Audiovisual, presidía la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado, que dio trámite al proyecto que ya había sido aprobado en Diputados. Luego de las audiencias públicas, su voto resultó clave para el dictamen favorable que habilitó la discusión en la sesión del 9 de octubre en que se sancionó la norma.

 

Lo significativo de este proceso que se completó con la designación de Jenefes como director del Enacom por la primera minoría es la baja intensidad de la discusión sobre el conflicto de intereses que conlleva. Además del sesgo pro-mercado de la mayoría de los miembros del directorio, que se constituye como permanente cuando toma decisiones de gestión relevantes, la promesa de una nueva ley debería incluir su reemplazo por un órgano autónomo y no gubernamental.

 

El Gobierno regula el sistema de medios mediante decretos en pos de generar condiciones para la expansión económica de un mercado que no se activa. Avanza a tientas con decisiones centralizadas y convive con las presiones de los grandes grupos concentrados, que lo acusan de favorecer a su competidor. Telefónica y Clarín asoman molestos por los resultados de un marco regulatorio que cambió en pos de sus intereses. Y la vinculación de los funcionarios del sector con la actividad comercial es un rasgo expandido a todas las fuerzas políticas.

 

Así, la promesa de mejores instituciones y de políticas a largo plazo –también en este sector- lejos queda de ser cumplida. Las discusiones sobre estos temas vuelven a sus foros tradicionales: las universidades, las organizaciones de medios sin fin de lucro, algunos colectivos de periodistas, los investigadores de la comunicación. Esto sucede por acción y omisión de las fuerzas políticas con más poder. Aún de aquellas que impulsaron la LSCA, como demostró la aprobación en el Congreso de los DNU que la modificaron.

 

Las medidas aplicadas expresan un cambio de temas y prioridades en la agenda, así como un modo integral de gestionar el Estado. Tal vez no haya indicios sólidos para calificar lo actuado como un “nuevo paradigma”. Pero resulta claro que la prioridad es desmontar el plexo normativo heredado y distinguirse del “pasado” tanto en el discurso como en la gestión. La institucionalidad queda en veremos.

 

Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.
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