Tras el operativo en las Residencias Estudiantiles de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FaDeCS), y de la Facultad de Lenguas (Fadel), de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) en General Roca, Río Negro, en el que uniformados de la Policía Federal ingresaron de forma violenta, diferentes actores de la vida insitucional de la provincia repudiaron el hecho que se asemeja a lo ocurrido en la provincia de Jujuy, cuando efectivos ingresaron a otra unidad académica. Autoridades de la casa de estudios emitieron un duro comunicado.
Según advirtió el secretario general de ATE en esa provincia, Rodolfo Aguiar, "no existió orden judicial válida, ni autorización de las autoridades universitarias". Como remarcó el dirigente gremial, el procedimiento fue "totalmente ilegal" porque "violó" el artículo 31 de la Ley de Educación Superior que expresa: “La fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales si no media orden escrita previa y fundada de juez competente o solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida”.
En el accionar policial esposaron a estudiantes, los tiraron al suelo, los mantuvieron incomunicados y no dejaron vestirse a una mujer que se estaba duchando. También revisaron la vivienda, desordenando y rompiendo muebles y objetos personales, en medio de burlas y demás excesos.
Entre "otros atropellos" -denunció el sindicato"- tampoco se dejó ingresar a los abogados de los estudiantes, "violando el derecho constitucional de defensa".
BLOQUE. El peronismo provincial, a través del bloque de legisladores, se sumó a los repudios de las autoridades de la UNCo. "Si a las graves irregularidades denunciadas por las autoridades universitarias", advirtieron en un comunicado, "sumamos la inusitada violencia con que habría desplegado el operativo, nuestra memoria nos remite inevitablemente a etapas que creíamos haber superado los argentinos. No sólo se habría avanzado y vulnerado la autonomía universitaria, sino que se habrían violado derechos y garantías de raigambre constitucional sobre los estudiantes".
"Incomunicación, humillación y arbitrariedad en el proceder son situaciones que vulneran el Estado de Derecho que todos debemos proteger y garantizar, máxime cuando la orden proviene de uno de los poderes del Estado cuya manda constitucional es hacer realizable la justicia y la defensa de la constitución respetando los derechos y garantías que ella misma pregona", advirtieron.
