“Promover la liberación de las fuerzas productivas de la producción de todos aquellos mecanismos regulatorios y fenómenos distorsivos que impidan el desarrollo de las empresas” era uno de los objetivos de las políticas económicas dictadas por el ministro José Alfredo Martínez de Hoz para el autodenominado proceso de reorganización nacional y, también, el objetivo expresamente declarado de la actual propuesta de reforma laboral del gobierno de Mauricio Macri.
Se trata de una reforma que calza a la medida de las grandes empresas y en abierto perjuicio para los trabajadores, las microempresas y Pymes. Para ellos es todo pérdida de derechos y de ingresos y sometimiento al abuso del poder dominante de aquellas.
Habilita –legalizándolo- que el trabajador renuncie a sus mejores derechos (salario y condiciones de trabajo) cuando es extorsionado con la amenaza del despido; suprime el instrumento de defensa del trabajador para impedir las modificaciones ilegales y perjudiciales en su contrato de trabajo; reduce la indemnización por despido (facilitando los despidos arbitrarios) y permite que se reemplace la obligación patronal de pagar indemnización por despido por un aporte mensual a un “Fondo de Cese Laboral” (al que aportarán también los empleadores que no despidan, a quienes les incrementa sus “costos” para financiar a los que sí despiden) que pagará en cuotas al trabajador; deroga la obligación de pagar las horas extras trabajadas; y reduce a un año el plazo que tiene el trabajador para reclamar sus créditos (peor que la dictadura cívico militar); crea una nueva figura de trabajadores dependientes pero excluidos de la protección de la Ley de Contrato de Trabajo; quita la obligación de control y la responsabilidad de las empresas que subcontratan servicios, lo que favorece la tercerización en condiciones precarias.
En lugar de fomentar el blanqueo de las relaciones laborales, promueve el “negreo”, ya que suprime sanciones a las empresas que no registren correctamente a sus dependientes; deroga la reparación a los trabajadores víctimas de trabajo en negro; habilita a usar fraudulentamente el sistema de pasantías para suplantar a trabajadores en blanco.
En cuanto a los “costos” –contribuciones patronales-, los reduce para las grandes empresas pero los eleva para las micro, pequeñas y medianas, que pagarán más cargas patronales que las que pagan hoy, porque deroga los beneficios que tienen desde el año 2014.
La reforma es claramente inconstitucional, pero además es injusta e inequitativa, porque degradará las condiciones de vida de nuestro pueblo y provocará una grave inseguridad jurídica que pagarán con incertidumbre tanto trabajadores como empresarios.
Se trata, por supuesto, de una reforma que no puede ser presentada como lo que es, y es por eso que para instalar su “conveniencia”, ante la falta de argumentos reales, el Gobierno ha acudido al viejo recurso distribuido por los medios concentrados de comunicación de descalificar al interlocutor, lo que explica que los abogados que defienden trabajadores son ahora “mafiosos”, los jueces del trabajo son “malos jueces”, los sindicatos son “demasiados” y los dirigentes sindicales “patoteros” o “corruptos”.
Una reforma de esta naturaleza no puede convertirse en ley porque implicará un enorme retroceso en materia de derechos para la inmensa mayoría del pueblo trabajador y a favor de las minorías, para las que este Gobierno de pocos viene trabajando. Por eso, nuestra más enérgica repulsa.
