Conjuntamente con la Federación Económica de Buenos Aires (FEBA), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) reclamó que el Senado bonaerense no obstaculice la adhesión de la provincia a la Ley Nacional N° 27.348 de ART, un proyecto que que por ahora cuenta con el rechazo de todo el arco peronista opositor, pero que Cambiemos busca convertirlo en ley en la posible sesión del 16 de noviembre.
El lunes post triunfo electoral, la gobernadora María Eugenia Vidal brindó una conferencia de prensa, en donde remarcó que la ley de adhesión era un asunto “pendiente” y que a partir de ese momento Cambiemos avanzaría en el terreno legislativo. El proyecto había sido aprobado en Diputados pero desde ese momento se la pasó girando en las comisiones del Senado en donde, por falta de acuerdos, aún no puede llegar al recinto.
La semana pasada Vidal estuvo cerca, pero no pudo. Es que el último martes, el oficialismo intentó conseguir dictamen favorable pero chocó con una impensada unidad peronista que vació el plenario de comisiones de Presupuesto y Trabajo con el que Cambiemos anhelaba tener el número para cerrar el proyecto y llevarlo al recinto para votarlo, tal como lo había pedido incluso el presidente Mauricio Macri, en el marco de reformas y ajustes que presentó frente a gobernadores, empresarios y sindicalistas en el Centro Cultural Kirchner.
En territorio bonaerense, las miradas se habían posado sobre los senadores Alfonso Coll Areco y Gabriel Pampin, debido a su alejamiento del bloque del Frente Renovador. Esos dos legisladores, junto a Hernán Albisu y Juan Curcuhet, armaron la bancada Renovación Peronista y tanto Pampin como Coll Areco integran la Comisión de Presupuesto. Con los movimientos de bloque, el vicegobernador Daniel Salvador se animó a probar suerte para sacar despacho con el apoyo de Pampin y Coll Areco, pero no lo consiguió.
Ahora la CAME se sumó al debate. “Los juicios laborales ponen en jaque la supervivencia de las pymes. Por ejemplo, un litigio por 500 mil pesos termina en una cifra millonaria y una empresa pequeña o mediana no puede asumir ese costo y eso determina su defunción”, dijo su presidente, Fabián Tarrío.
Sólo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Córdoba y Mendoza adhirieron a la mencionada Ley. En los tres casos, la cantidad de demandas iniciadas se ha reducido notablemente. Según un relevamiento realizado por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en CABA, donde está vigente la ley, entre marzo y octubre el 84% de los reclamos iniciados por accidentes y enfermedades de trabajo culminó en acuerdos homologados en el marco de las comisiones médicas jurisdiccionales y sin llegar a la instancia judicial.
Por eso, la adhesión de la Provincia de Buenos Aires a la Ley de ART es vital para las pymes, según aseguran desde la CAME, ya que "reducirá el costo laboral y permitirá la creación de puestos de trabajo de calidad, reduciendo la informalidad del sistema".
En concreto, la ley de adhesión ART obliga a que un trabajador, en caso de accidente laboral, se someta a una comisión técnica regulada por las aseguradoras con el fin de evitar una instancia judicial. El oficialismo analiza que, de aprobarse la iniciativa, se reducirá la litigiosidad laboral y aumentará el empleo formal en territorio bonaerense. El propio presidente habló de “la mafia de los juicios laborales”, para explicar qué aspecto combatirá la norma.