La economía argentina cerrará 2017 con un déficit de la cuenta corriente del balance de pagos de 3,6% del PIB y un resultado financiero negativo del sector público nacional del 6,2% del PIB. Ambos desequilibrios requieren el ingreso de alrededor de u$s 32.000 millones anuales para no sufrir correcciones abruptas. Los analistas coinciden en que el gobierno deberá reducir estos desequilibrios para continuar recibiendo financiamiento externo.
La pregunta es si se acometerá un conjunto de reformas que alineen la política fiscal expansiva con una política monetaria contractiva para de este modo intentar disminuir la inflación, la tasa de interés y el riesgo cambiario, creando así supuestas condiciones para que el ingreso de dólares del exterior provenga de inversiones y no del endeudamiento.
El Proyecto de Presupuesto 2018 aduce que la inversión será el gran conductor del crecimiento de la economía, ubicándola en un aumento del 12% respecto de 2017, que traccionará la suba del PIB en el 3,5%. A su vez, allí se proyecta que el consumo público subirá sólo un 1,3%.
No hay registros estadísticos que indiquen que una reducción del peso del sector público ocasione una expansión de la inversión y que haga aumentar el tamaño del PIB. Pero la apuesta a contraer al sector público es el principal planteo que el presidente Macri desarrolló en su encuentro con 150 invitados del quehacer político-económico de la Argentina, en el CCK.
Aunque el ajuste fiscal basado en recorte de subsidios y congelamiento del gasto consolidado en términos reales nunca fue un buen sendero para expandir la economía y lograr consensos, pareciera ser que el resultado electoral del pasado 22 de octubre alienta estas expectativas destinadas a reequilibrar la economía y alterar los precios en favor de alentar la inversión, casi como única apuesta a futuro.
De todos modos, la capacidad de endeudarse por los próximos dos años habilita la continuidad de cierto gradualismo similar al del bienio transcurrido.
La moneda está en el aire.
