Una caja millonaria, pocos controles, una autoridad que sobrevive a todas las administraciones, un funcionamiento poco transparente que todos conocen pero del que no se habla. En tiempos de reacomodamiento de las fuerzas políticas y fuerte discusión por los recursos que se reparten el poder central y los gobernadores, el funcionamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI), el organismo que nuclea a las provincias y maneja cerca de 3.000 millones de pesos anuales, quedó en la mira de peronistas y oficialistas, que buscan desplazar de su cúpula a Juan José Ciácera, el secretario general que lo conduce, en silencio y con bajísimo perfil, desde hace 30 años.
En octubre de 2016 Ciácera anunció una inversión de 40 millones del CFI en Jujuy.
El CFI es un organismo autárquico compuesto por las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, que se financia con fondos que se deducen de la masa coparticipable. Sólo la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de San Luis no aportan su cuota. En el caso de San Luis, la provincia dio un portazo y retiró a su representante en 2006, con Alberto Rodríguez Saá como gobernador. Según denunció en ese momento la administración puntana, entre 2000 y 2005, San Luis había entregado más de 12 millones de pesos "pero jamás tuvo acceso a financiamientos por parte del organismo". La Ciudad de Buenos Aires, en tanto, mantuvo a su delegado.
De acuerdo con su Carta de Constitución, los recursos del CFI son retenidos mensualmente por el Gobierno nacional y depositados, de inmediato, a la orden del organismo en una cuenta en el Banco Nación. El monto se determina por "una tasa máxima del 0,75 por ciento a aplicarse sobre el monto que en concepto de coparticipación le corresponda" a cada provincia. Para 2018, esta caja rozará los 3 mil millones de pesos.
El manejo de esa suma cuantiosa no está sujeto a ningún mecanismo de auditoría externa, dado que, por su propia naturaleza, el organismo no está bajo la órbita de control de la Auditoría General de la Nación (AGN) ni de la Sindicatura General (SIGEN). El acta constitutiva dice en su artículo 11 que es la Asamblea del organismo - compuesta por los representantes designados por cada provincia - la encargada de aprobar "el presupuesto anual y la cuenta de inversión que deberá presentar el secretario general".
La promoción de la bodega familiar con fondos del CFI está en el listado de los manejos "oscuros" y "discrecionales" que varios gobernadores le endilgan a Ciácera. A eso se suman los señalamientos por maniobras "dudosas" sobre el stock financiero del organismo, como las que se registraron en 2015 en el mercado, en las que el CFI perdió una cantidad exorbitante de dinero en una transacción desfavorable.
Sin embargo, según dice un operador de una provincia peronista, "está claro que no se andan controlando entre ellos". El carácter de los delegados varía según el distrito. Los gobernadores mandan desde jefes de Gabinete (como en el caso de Buenos Aires y Chubut), hasta ministros de Economía (Córdoba, Formosa, La Pampa, Mendoza, Santa Fe, San Juan, Santiago del Estero, Tucumán), o de Producción (Catamarca, Santa Cruz), entre otros. El presidente de la Asamblea es el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán.
En 2016 Ciácera firmó un convenio con Urtubey para fortalecer el turismo en Salta.
Según la Carta de Constitución, el organismo tiene como propósito alentar la promoción económica, coordinar, asesorar y recomendar a las provincias "las medidas necesarias para una adecuada política de inversiones y una mejor utilización de los distintos medios económicos conducentes al logro de un desarrollo basado en la descentralización".
En esa línea, financia proyectos mediante créditos, asiste a emprendedores afectados por situaciones de emergencia o desastres naturales, promociona actividades y fiestas provinciales y subsidia eventos y viajes para el impulso de las economías regionales. En su historial figuran, entre otras decenas de actividades, un acuerdo con la provincia de Río Negro para la constitución de dos fideicomisos destinados a la compra de maquinaria frutícola y al financiamiento ganadero bovino; el financiamiento de un censo para personas con discapacidad en Chaco realizado en 2010; un viaje con fines comerciales a Dubai con mandatarios de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe; una misión a China para Pymes de Corrientes; la firma de convenios para fortalecer el turismo en Salta y Jujuy; la promoción de un Foro de Emprendedoras Mujeres en Córdoba; y varios viajes a ferias internacionales de vinos -a Alemania y Holanda, por ejemplo- para promocionar bodegas locales. En el listado de los participantes figuran, entre otras, la bodega sanjuanina La Guarda, propiedad de la familia Ciácera.
La promoción de la bodega familiar con fondos del CFI está en el listado de los manejos "oscuros" y "discrecionales" que varios gobernadores le endilgan a Ciácera. A eso se suman los señalamientos por maniobras "dudosas" sobre el stock financiero del organismo, como las que se registraron en 2015 en el mercado, en las que el CFI perdió una cantidad exorbitante de dinero en una transacción desfavorable.
Expulsar al secretario general requiere de la reunión de la Asamblea, que sólo puede constituirse con un quórum formado por dos terceras partes de los miembros del Consejo, es decir, con representantes de 16 provincias.
Según publicó Ámbito Financiero en una nota titulada "Sospechas en el mercado por operaciones de clientes bobos", los operadores pusieron el ojo el 21 abril de 2015 en una transacción en la que el CFI compró 136 millones de pesos en bonos Discount en el Mercado Abierto Electrónico (MAE), donde ese título cotizaba un 4% más alto que en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Ese mismo día, la entidad que nuclea a las provincias se desprendió de títulos Bonar X en el MAE, a un precio 27 centavos más bajo que en la Bolsa. De acuerdo con esa publicación, la pérdida por haber comprado a precios alejados de las cotizaciones de mercado habría llegado a los 8 millones de pesos. El mal negocio se repitió unos meses después, en septiembre de 2015. El mercado también registró maniobras similares a cargo del Fonfipro, el fondo fiduciario de la provincia de Formosa.
Las transacciones desfavorables, de "clientes bobos" que malvenden sus activos o compran demasiado caro, "terminan por sugerir, de algún modo, que podría haber diferencias demasiado generosas para quienes tienen el beneficio de participar en la operación", explicó en la nota el periodista Ignacio Olivera Doll.
POR EL SILLÓN. En época de vacas flacas para las administraciones provinciales, los gobernadores pusieron el ojo en el sillón del CFI que ocupa Ciácera. Pero hacerse de ese lugar no será fácil. Expulsar al secretario general requiere de la reunión de la Asamblea, que sólo puede constituirse con un quórum formado por dos terceras partes de los miembros del Consejo, es decir, con representantes de 16 provincias.
Ciácera ya resistió embates a lo largo de su mandato. El último fue en 2003, promovido por el entonces presidente Néstor Kirchner. El sismo se sosegó con la mediación del sanjuanino José Luis Gioja y el secretario general logró mantenerse en su lugar.
El nuevo ímpetu renovador reina ahora en gran parte de los gobernadores peronistas, sobre todo aquellos que pertenecen a la nueva camada, van por su primer mandato y ven en el CFI una oportunidad para revitalizar sus economías. Aunque ninguno de ellos lo dice en voz alta -"por miedo a represalias", dicen desde una provincia del Noroeste- varios mandatarios aspiran a que Ciácera dé un paso al costado por su propia voluntad, mientras trabajan para alcanzar el número mágico que les permita removerlo, pese a que cuenta con el respaldo de los históricos como Insfrán y el pampeano Carlos Verna.
En el oficialismo también reina el mismo interés. Según pudo saber Letra P, gobernadores peronistas y oficialistas conversaron sobre el tema con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, el secretario de Provincias, Alejandro Caldarelli, y el subsecretario Paulino Caballero. Aunque en la Rosada dicen que es "un tema de las provincias" y el Ejecutivo nacional "no tiene voz ni voto", el ministro dio su aval para el avance de los gobernadores y se comprometió a "acompañar el proceso, si la mayoría está de acuerdo" y no vetar el nombre de quien consideren que debe ser el nuevo secretario general. En el entorno del ministro entienden que los gobernadores piensan en alguien de perfil técnico "que se identifique con las nuevas gestiones".
"Nosotros tuvimos una agenda bilateral interesante, pero sería bueno replantear una reingeniería del organismo. No es un tema de nombres, probablemente haya que repensar el sistema, para qué se usa. Se podría avanzar en el financiamiento de obras, planes directores de agua potable, cloacas, infraestructura de riego, desarrollo de tecnología. Se necesita un debate federal", dice a Letra P el ex gobernador de Chaco y actual intendente de Resistencia, Jorge Capitanich.
Hace tiempo que Frigerio tiene la mira puesta en ese organismo, cuya importancia y funcionamiento conoce a la perfección. El origen del CFI se remonta a la primera conferencia de gobernadores realizada en Buenos Aires, el 14 de agosto de 1958, durante el gobierno desarrollista de Arturo Frondizi. Ese día, los mandatarios aprobaron por unanimidad una declaración en la que resolvían la creación del organismo, que tendría como objetivo que los estados provinciales "fueran los verdaderos artífices de su progreso y no meros espectadores del proceso de evolución nacional", que impulsaba la administración frondizista, cuyo secretario de Relaciones Socio-Económicas era nada menos que Rogelio Julio Frigerio, abuelo del ministro del Interior.
La idea de "transparentar" el organismo sintoniza con los vientos de cambio que pretende instalar el oficialismo desde la Rosada y aparece como una oportunidad para los gobernadores peronistas que buscarán imponer un relevo en el CFI en 2018, antes de que un posible recambio en 2019, tal vez favorable a Cambiemos, condicione aún más la elección del nuevo secretario general.
