La gobernadora María Eugenia Vidal esperaba coronar esta semana legislativa, que le dio Presupuesto, endeudamiento, Ley Fiscal y Régimen de Responsabilidad Fiscal Municipal gracias al voto de un sector del peronismo, con el proyecto que adhiere a la provincia de Buenos Aires a la ley nacional de aseguradoras de riesgos del trabajo que se encuentra en discusión desde mayo de este año en el Senado, pero nuevamente el peronismo vació la Comisión de Presupuesto, que buscaba emitir despacho favorable a la iniciativa.
Este miércoles, el oficialismo sufrió otro revés. El cómodo y exprés tratamiento al Presupuesto no se trasladó a la discusión por la adhesión a la ley de ART. La Comisión de Presupuesto quedó sin quórum nuevamente y la iniciativa se demorará hasta el recambio legislativo, como salida para su aprobación.
Desde diciembre, cuando llegarán los nuevos senadores, Cambiemos tendrá quórum propio y será todo mucho más fácil para la alianza gobernante.
Luego de la elección de octubre, en la que Esteban Bullrich le ganó a Cristina Fernández de Kirchner, uno de los primeros pedidos que hizo Vidal fue avanzar con el proyecto que adhiere a la provincia al nuevo régimen de aseguradoras de riesgos del trabajo. Una decisión que tiene que tomar la Legislatura.
Los senadores que dejaron el bloque massista tiempo atrás, Gabriel Pampín y Alfonso Coll Areco, eran la apuesta de Cambiemos para conseguir dictamen favorable y llevar el proyecto a la sesión para incluirlo en el orden del día y votarlo con mayoría simple. Pero los legisladores peronistas no dieron quórum.
Tampoco lo hicieron los senadores kirchenristas Mónica Macha y Juan Manuel Pignocco ni los integrantes del Bloque Peronista Patricio García, Fernando Moreira, Alejandro Urdampilleta. Tampoco dio lugar al tratamiento el massista Jorge D’Onofrio. Fue una unidad del peronismo, pero para oponerse al proyecto.
El proyecto cuenta, además, con el rechazo de buena parte de los gremios bonaerenses. Consideran que es la puerta de entrada a la reforma laboral que ejecutará Cambiemos.
El oficialismo sostiene que la ley disminuirá los niveles de litigiosidad y así empezará la recuperación del empleo, porque las empresas e industrias no emplean personal ante el temor de los juicios laborales.
A grandes rasgos, la ley obliga a que un trabajador, en caso de accidente laboral, se someta a una comisión técnica regulada por las aseguradoras con el fin de evitar una instancia judicial.
