La reforma laboral que el Gobierno pretende implementar en esta nueva etapa de gestión ya cosecha un fuerte rechazo, a partir del borrador que circuló en las últimas horas. La Asociación de Abogados Laboralistas (AAL), que preside Matías Cremonte, habla de “flexibilización” y denuncia que se busca “beneficiar a los empresarios” a partir de cambios en el régimen indemnizatorio y en los juicios laborales, entre otros.
“Si éste es el proyecto que enviarán al Congreso, la cosa es para preocuparse. Ya no es, como venían diciendo, que las reformas serían sector por sector. Incluso no es como la CGT venía anunciando, que la Ley de Contrato de Trabajo no se tocaba”, advirtió Cremonte sobre la iniciativa que ya se negocia entre funcionarios, sindicalistas y empresarios.
En este sentido, enfatizó que “resistir esta reforma laboral no va a depender sólo del Parlamento”. “Imagino que las centrales sindicales presentarán batalla”, dijo, y apuntó que “no hay ningún ejemplo válido en el mundo que muestre que por haber renunciado a derechos se ha creado más empleo”.
LA REFORMA, PUNTO POR PUNTO. En diálogo con 221Radio, el letrado señaló que el texto contiene “reformas muy profundas, desde cambiar el concepto de trabajo hasta modificar el artículo 2 de la ley, agregando el trabajo autónomo y el trabajo independiente”, y agregó que “se legaliza la tercerización, esto es, que el empleador principal siga siendo solidariamente responsable”.
Sobre el abaratamiento de los costos indemnizatorios -no se computarían horas extra ni aguinaldo, entre otros ítems-, aclaró que según varios fallos de la Corte Suprema de Justicia y hasta la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “todo lo que un trabajador percibe a cambio de su trabajo es parte de la retribución más allá del nombre que le pongan”.
También cuestionó la rebaja de contribuciones patronales, que será progresiva, del 20% anual, en sueldos de hasta 10 mil pesos. “Ya lo hizo (Domingo) Cavallo en los ’90 y no funcionó. No mejoró el empleo, al contrario”, recordó.
Otro de los puntos polémicos para el titular de la AAL es que si el trabajador sufre un cambio en sus condiciones de trabajo, ya no podrá recurrir a la Justicia para “volver a hacer las tareas que hacía”, sino que “sólo podrá considerarse despedido”.
“Todo es flexibilización laboral. Lo que hacen es beneficiar a los empresarios”, resumió Cremonte, que si bien reconoció que “en Argentina estamos curados de espanto”, subrayó que este intento del Gobierno significa “perder derechos, resignar protección que está establecida en la Ley de Contrato de Trabajo, que es el piso mínimo, para seguir perforándolo”.
LA “MAFIA” DE LOS JUICIOS. “Estamos en un país donde casi 5 millones (casi el 35%) de trabajadores no están registrados, es decir, no tienen aportes jubilatorios, no tienen ART, no les pagan el salario que dice el convenio colectivo, probablemente no les pagan horas extra, y si los despiden, probablemente no les quieran pagar la indemnización que corresponde”, explicó Cremonte.
Así, salió al cruce de otro de los planes del Gobierno, y que tiene que ver con atacar la supuesta “mafia de los juicios laborales” para evitar, sobre todo, el cierre de pymes. Para el abogado, “toda esa ilegalidad de la cual los trabajadores no son responsables es una posibilidad latente de un juicio. Lo extraño sería que no haya más juicios”.
“Es cierto que hay una industria: la industria del incumplimiento, de la evasión de los derechos laborales por parte de los empresarios”, retrucó Cremonte, y rechazó que se reduzca de dos a un año el plazo para iniciar una demanda laboral desde que el trabajador es desafectado.