El intendente de Junín, Pablo Petrecca (Cambiemos), removió del cargo al jefe de Inspección General del municipio, Walter Ledesma, por presunta malversación de fondos públicos. Se investiga el desvío de materiales para la construcción que debían ser usados en el municipio.
La presentación ante la fiscalía de turno fue hecha por el propio jefe comunal. Exige que se investiguen irregularidades que podrían estar relacionadas a la malversación de fondos públicos. Ledesma fue nombrado como Inspector General en el año 2016 por la actual gestión de Cambiemos en 2016.
“Lo vivo con dolor, porque es un funcionario que elegimos con todo un gran equipo de trabajo que arrancó en diciembre de 2015. Le depositamos la confianza, pero estamos con la seguridad de haber tomado la decisión correcta”, afirmó el intendente a AM 790 al ser consultado sobre el avance judicial y remarcó: “Con todos fuimos muy claros: les dijimos que no íbamos a permitir actos de corrupción, que íbamos a cambiar la forma de hacer política, con tolerancia cero”.
En este sentido, describió que se tomó esa decisión luego de encontrar “una irregularidad en Inspección General, llegó a mi despacho por los controles de auditoría”. “Encontramos un remito por una compra de materiales que debían ser destinados a una reforma en el municipio, y solamente se bajaron dos cosas y el resto fue desviado a un lote privado”, indicó Petrecca.
“Fui personalmente a la fiscalía con la documentación correspondiente y el fiscal de turno empezó a actuar tomando declaraciones a testigos”, agregó el intendente y aseguró que “el lote es de un familiar o de un conocido del exdirector de Inspección General. Esto no debe ocurrir, es algo que no toleramos. Son fondos públicos que tienen que ser destinados a mejorar la vida de los vecinos de Junín. Es una presunta irregularidad, será la justicia la que determine el hecho en sí. Inmediatamente hice un decreto para removerlo. Tiene que ser un claro mensaje para todos los funcionarios de este gobierno. Hicimos lo que teníamos que hacer”, dijo.
El fiscal que investiga el caso es Javier Ochoaizpuro y caratuló la causa como “peculado”, delito que tiene una pena de entre 2 y 10 años.