Dos años y medio después de la mudanza del Gobierno porteño al edificio de Parque Patricios, construido originalmente para ser sede central del Banco Ciudad, el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, quiere resolver definitivamente el tema y que la titularidad pase a manos de la Ciudad.
Para eso, este miércoles giró a la Legislatura un proyecto que prevé la venta del edificio donde funciona la Administración General de Rentas, en el centro porteño, con la que espera recaudar una parte de los fondos necesarios para comprar el moderno edificio construido por el reconocido arquitecto Norman Foster.
La iniciativa, que deberá tener el visto bueno de dos tercios de los legisladores, explicita además que el dinero restante que se necesitará para cubrir el pago, por encima de lo que se recaude con la venta del edificio público del microcentro, saldrá de un préstamo UVA que se tomará con el propio Banco Ciudad.
El proyecto ingresado el 25 de octubre y firmado por Larreta, el ministro de Modernización, Andy Freire, el de Hacienda, Martín Mura, y el jefe de Gabinete, Felipe Miguel, explicita que la diferencia del valor de tasación y lo recaudado "será total o parcialmente afrontado mediante el financiamiento otorgado por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo monto resultante será total o parcialmente determinado en Unidad de Valor Adquisitivo (UVA)" por un monto de hasta U$S 50.000.000 o su equivalente en pesos o UVA.
La moderna y nueva sede del Gobierno, diseñada por el estudio de Norman Foster.
Hace apenas una semana, el Observatorio de la Universidad Nacional de Avellaneda publicó un informe en el que alerta sobre el impacto de la inflación en este tipo de créditos, que conlleva a un riesgo cierto de elevar sus cuotas y hacerlas impagables.
Atendiendo a los riesgos de este tipo de créditos, el Ejecutivo porteño dispuso afectar como garantía de pago "el diez por ciento (10%) de los recursos recaudados en concepto de los tributos que recaen sobre los inmuebles radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". Más claro: Larreta dispuso hipotecar el 10% de la recaudación del ABL como garantía de un crédito que se tornaría impagable en un escenario de desbarajuste inflacionario.
El proyecto oficial también declara "innecesario para la gestión" al histórico edificio de Rentas de la calle Viamonte -hoy Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP)- y destina los fondos que genere su venta al impreciso destino de "desarrollo de los anteproyectos, proyectos y obras para la centralidad administrativa en el sur de la Ciudad, y con los requerimientos establecidos por el Poder Ejecutivo".
El edificio de la AGIP, de Viamonte al 900, que quiere vender Larreta.
DE LIQUIDACIÓN. Algunos sectores de la oposición porteña vienen machacando sobre la inconveniencia de continuar con la política de venta de propiedades públicas para cubrir gastos corrientes. O, peor aún, para recaudar fondos que no tienen un destino determinado.
Al respecto, en diálogo con LetraP la legisladora del Frente para la Victoria (FpV) Paula Penacca rechazó "que la venta de tierras o propiedades de la Ciudad sea la forma de financiarse".
"En este caso, que son edificios podría pensarse en otros destinos, ya sea para educación, salud, cultura, etcétera. Además hay muchos organismos que reclaman históricamente edificios y sus reclamos nunca son escuchados", afirmó y le adjudicó la falta de claridad sobre el destino de los fondos a negociados inmobiliarios antes que a una necesidad gubernamental.
Llamativamente, el Ejecutivo porteño gambeteó a la Agencia de Bienes Sociedad del Estado como intermediaria y solicitante de la venta de los edificios, pese a que su creación fue impulsada por el oficialismo para que, justamente, se encargara de este tipo de operaciones.
Uno de los argumentos de por qué se ignoró esa instancia es que Larreta estaría buscando agilizar la venta de los terrenos sin tener que construir la mayoría de dos tercios de la Cámara, que ordena la ley que creó a la Agencia de Bienes.
Desde el oficialismo señalan, en cambio, que como la Agencia de Bienes aún no envío a la Legislatura su proyecto anual de trabaja para el 2018, cuentan con el margen legal para liquidar los edificios e, incluso, si ya estuviera presentado el plan, sólo afectará los movimientos del año que viene.
Este artilugio se entiende porque en el artículo 35 de la ley que la creó, esta agencia ordena que todo lo producido por la venta de inmuebles "debe ser destinado a financiar en forma exclusiva e irrevocable el desarrollo de anteproyectos y proyectos aprobados anualmente por la Legislatura en el Plan de Acciones", algo que en este caso no se estaría cumpliendo.
Lo cierto es que si finalmente la oposición impone que el proyecto se tenga que aprobar con los dos tercios de los legisladores, el trámite parlamentario no será sencillo y estará sujeto a la cintura de los operadores parlamentario del oficialismo.
Para eso, el oficialismo deberá buscar acuerdos con los diputados de ECO, que dirige Martín Lousteau, pero también con los peronistas que el año pasado acompañaron la segunda lectura de la creación de Agencia de Bienes. El resultado de esa negociación va a prefigurar la consistencia que tendrá la oposición después del batacazo electoral que dio Cambiemos en la ciudad el último domingo.