El juez federal Claudio Bonadío empezó una carrera pública que promete posicionarlo como una figura de influencia dentro de los círculos de poder. Con la detención del ex ministro de Planificación, Julio De Vido, y la convocatoria a indagatoria a la ex presidenta Cristina Fernández, se abrió camino en núcleos del establishment que lo abrazan como propio. La estrella de uno de los artífices de un Lava Jato a la carta fulgura con intensidad y ya lo buscan para invitarlo como orador a eventos corporativos, para que cuente cómo llevó a cabo con éxito la caza del kirchnerismo, en el marco de diversas causas de corrupción.
Muchos de los convocantes lo conocen de otros tiempos, cuando aún en paz con el mundo K cuidaba más sus movimientos. Algunos, incluso, desde más atrás: como por ejemplo aquel emblemático episodio de la servilleta que Carlos Corach redactó, contando los nombres de los jueces que respondían al menemismo. Cuando el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, lo puso en evidencia zafó de quedar afuera y se refugió en la actividad privada. Pero los jueces federales son afectos a los alineamientos oficiales circunstanciales. Y su caso no fue el único.
El miércoles lo esperan con ansias en un almuerzo que organiza desde este año el Rotary Club. El escenario, que aglutina básicamente a funcionarios y consultores con cierta línea oficialista y algún que otro rebelde (Miguel Pichetto, por caso), ya estaba un poco alborotado con el anuncio de su presencia. Mientras explicaba la situación económica el ex asesor de Daniel Scioli, Mario Blejer, en las mesas ya se paladeaba el convite que tendrá en el estrado al magistrado del momento.
Baratta y De Vido, dos de los que se teme hablen de los empresarios en su estadía en prisión.
Esta semana debe haber sido una de las pocas ocasiones en las cuales el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, tuvo una pequeña coincidencia con Bonadío. Lo mismo pasó con algunos cuadros altos de La Cámpora, siempre enfrentados con el ex jefe de Planificación en las guerras intestinas del kirchnerismo.
La ola de ajusticiamientos públicos a funcionarios investigados por corrupción tiene en el establishment un capítulo distinto, alejado de la epopeya que disparan los medios y que se metió en la opinión pública. Por un lado, los CEOS conviven con el temor de un “quebrado”; por otro, consideran que las culpas propias ya fueron lavadas con autocrítica, como el summum del perdón masivo que se reflejó en el último Coloquio de IDEA en Mar del Plata. El pavor a un arrepentido que hable -algo que esperaban ocurra con el constructor K Lázaro Báez- parecía lejano hasta que se sentó ante la Justicia la mano derecha de De Vido, el otrora quinielero Roberto Baratta. Quien llevaba buena parte de las cuestiones ejecutivas de Planificación, dio nombres de funcionarios de la estatal Enarsa y hasta apuntó a María Fernanda Inza, actual secretaria de Legal y Técnica de María Eugenia Vidal y ex funcionaria de la Ciudad a las órdenes de Pablo Clusellas.
La mujer en cuestión fue contratada por Baratta para auditar los precios del gas importado. En su entorno, contaron a Letra P que “en la Facultad de Ciencias Económicas la contrataron a Inza para una auditoría vinculada a algunas operaciones de Enarsa y todos esos informes están en la facultad”. El disparo de Baratta tuvo un impacto casi nulo, pero en el Círculo Rojo lo leyeron como una advertencia. Hoy en día, a la preocupación de los empresarios vinculados a la Obra Pública, se sumó el pesar de los popes de la energía, shockeados por la posibilidad de ser citados a declarar por las compras de gas.
Puertas adentro del Gobierno adhieren más a la idea de que la limpieza de kirchneristas es un cierre parcial y un buen golpe de efecto para refrendar esa posición de combate a la corrupción y las mafias. Pero en el entorno de Elisa Carrió y Paula Olivetto, quienes más investigaron los temas de corrupción K junto a Margarita Stolbizer, el panorama no está cerrado. “Tienen que caer los que pagaron las coimas”, dijo Olivetto en declaraciones radiales. Es más o menos la línea que siguen los lilitos que buscan material.
Cavallo denunció en 1996 la famosa "servilleta" de Corach, que incluía a jueces adictos al menemismo, como Bonadío.
La Omertá es el código de silencio siciliano que cuida identidades y actividades de personas que cometieron delitos. Ese término es una constante en las palabras del entorno de Carrió y lo usan para graficar hacia dónde deben apuntar los cañones luego de ir por los políticos, principales responsables. “Sería muy saludable que avancen convocando a empresarios, porque si bien no hay certificado de coima, sí sabemos que el sistema, el círculo de la omertá se daba entre los que pedían plata y los que pagaban. Y ganaban todos”, contó uno de los cuadros que trabajan el tema en la Coalición Cívica.
En el carrioísmo tienen una obsesión que ya es casi un lugar común. Lograr sentar ante un juez a Carlos Wagner, el titular de la firma Esuco, que presidió durante el gobierno kirchnrista a la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO). Creen que esta cámara nucleó a “aplaudidores por 12 años” y que nadie está exento. Entienden que es el momento de que los empresarios hablen, pero también saben que el Lava Jato a la carta, además de ser selectivo, es poco atractivo para los que se quieran adherir a la colaboración informativa. No existe la figura del arrepentido en las condiciones de condonación de penas que ofrece Brasil, mecanismo que logró hacer declarar a Marcelo Odebrecht, el hombre que está preso y que abrió el camino hacia una verdad posible.
Pero la política exige mesura, y no es la misma consideración la que Carrió tiene de la entidad, de la que comparten en los ministerios que están a cargo de las obras. La pulseada es despareja. En el Gobierno tienen en claro que después del escándalo de la detención de Juan Pablo “Pata” Medina, más la puesta en práctica del sistema de blanqueo de las obras que llegó de la mano del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, el sector ladrillos está normalizado. Esa pareció ser la imagen de concordia que arrojó el encuentro anual de la CAMARCO, donde el oficialismo cerró filas con los empresarios y el gremio de la UOCRA nacional, con Gerardo Martínez a la cabeza.
En este escenario, la presunta independencia judicial también es un problema. El Lava Jato a la carta no parece estar diseñado para lo que requiere Carrió. La expectativa de que Bonadío convoque a empresarios dela energía por la causa es más un anhelo que una intención real. Al menos por ahora, la limpieza seguirá siendo parcial.
