La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió este martes en una audiencia en Montevideo, Uruguay, una serie de denuncias sobre “violaciones a los derechos laborales” durante el gobierno de Mauricio Macri.
Las denuncias están fundadas en la “arbitrariedad” de los pedidos de juicio político a los jueces laborales por el contenido de sus sentencias; en los “ataques a los abogados como forma de obstaculizar el acceso a la Justicia”; y la “criminalización de la protesta social y del conflicto colectivo del trabajo”, entre otros ejes.
“Se busca eliminar la representación de los trabajadores y se lo hace atacando a los abogados laboralistas, a los jueces del trabajo y a los sindicatos. Se necesita imponer un clima para avanzar después con una reforma laboral regresiva, que es en sí misma inconfesable y que, entonces, es presentada bajo un ataque a una presunta corporación”, afirmó Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL), una de las entidades impulsoras de la denuncia.
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La audiencia celebrada en Uruguay fue convocada a pedido de AAL, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), las dos CTA, Aceiteros, ATE, SUTEBA, Metrodelegados y la Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo (ANJUT), entre otros gremios.
“El Gobierno ataca a los abogados que defienden trabajadores, a los jueces laborales que tienen el mandato legal de garantizar el principio protectorio, interviene sindicatos y toma como enemigos a aquellos que ejercen la representación colectiva del eslabón más débil del mundo del trabajo”, dijo Cremonte, uno de los oradores de la audiencia.
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El documento de la denuncia será analizado por la CIDH, órgano de la OEA, que deberá resolver qué medidas adopta en relación a la responsabilidad jurídica internacional del Estado argentino.
El texto señala que “en los últimos meses en la Argentina se ha verificado un cuadro de hostigamiento y criminalización de dirigentes sindicales, la ‘intervención’ de diversos sindicatos y la estigmatización y persecución de jueces del fuero laboral y de abogados ligados a la defensa de los trabajadores”.
“El agravio permanente a los abogados comprometidos con la defensa de los derechos de los trabajadores busca atemorizarlos y dificultar que cumplan su función primordial: ser el puente entre los trabajadores y la Justicia laboral y otras instancias administrativas. Se trata de un ataque a la representación de los trabajadores, con el objetivo de eliminar la defensa legal y la acción colectiva, de modo de retornar a la relación individual entre la empresa y el empleado, justamente la razón de ser del derecho social”, agrega el documento.