El llamado “Corral Papers” no para de darle dolores de cabeza al intendente de la ciudad de Santa Fe y presidente de la UCR a nivel nacional, José Corral. Este martes al mediodía, la Policía de Investigaciones provincial (PDI) dio el último golpe al allanar la Municipalidad en el marco de la causa que analiza un desvío de fondos fraudulento que sacude en su pago chico al más macrista de los radicales.
El fiscal Roberto Apullan, quien el viernes pasado tomó los destinos de la causa, ordenó a la policía que busque documentación en las áreas de Desarrollo Social, Contrataciones y Hacienda, puntos neurálgicos del presunto delito de desvío de fondos dentro del municipio santafesino.
Desde el gobierno que lidera Corral minimizaron el ingreso de los uniformados a la sede municipal y dijeron que se limitó a un “requerimiento de información” que solicitó el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
La secretaria de Comunicación y Desarrollo Estratégico del Municipio, Andrea Valsagna, utilizó una lógica repetida para intentar contener los efectos políticos del escándalo: recordó que la denuncia a la Justicia “fue radicada por un concejal del kirchnerismo”, Juan Carlos Cesoni, quien tomó el informe Corral Papers. La funcionaria señaló que el procedimiento “no es ninguna sorpresa” y afirmó que “estamos a disposición” de la Justicia.
Los Corral Papers desataron un revuelo en la provincia, pero principalmente en la ciudad capital que gobierna el hombre fuerte de Cambiemos. Envuelto en el medio de un proceso electoral, el candidato del macrismo Carlos Pereira apeló a la misma lógica: habló de “campaña K”. Corral, por su parte, dijo que “son manotazos de ahogado” para perjudicar electoralmente a sus filas.
Un consorcio de periodistas realizó una investigación a la que le dio difusión hace una semana y llamó “Corral Papers”. Es una masiva filtración de documentos públicos que dan cuenta del manejo de recursos por parte de la secretaría de Desarrollo Social, a cargo de Carlos Medrano. Sólo en los primeros ocho meses de este año, el programa Iniciativas Comunitarias ejecutó un presupuesto superior a los 72 millones de pesos.
El trabajo –cuenta Rosario 3- detalla giros por más de 210 millones de pesos, a lo largo de dos años- desde la Municipalidad a distintas asociaciones integradas por empleados del propio Municipio, punteros políticos -algunos con antecedentes penales- e, incluso, barras bravas.