Con la presentación, este jueves, de sus declaraciones patrimoniales, los funcionarios bonaerenses aprovecharon lo establecido por el decreto 647 de la gobernadora María Eugenia Vidal, publicado en el Boletín Oficial el pasado 8 de junio. La disposición tuvo daños colaterales inesperados: fuertes controversias desató la introducción del “carácter reservado” de las versiones completas de los informes –novedad que se replicaba en el proyecto de ley que sigue estancado en la Legislatura- pero, fundamentalmente, de un artículo –revelado por Letra P- que habilitaba a sancionar con cárcel a terceros difundieran el contenido de esas presentaciones, entre los que quedaban incluidos, implícitamente, los periodistas.
Vidal otorgó una prórroga de dos meses a los funcionarios alcanzados por la obligatoriedad de declarar sus bienes por haber considerado “exiguos” los plazos originales. Pero la polémica se produjo por otras “adecuaciones” realizadas al decreto original. Entre ellas, la asignación de “carácter reservado” a las presentaciones patrimoniales de carácter integral y la incorporación de versiones “sintéticas” como las únicas destinadas a publicidad.
Pero lo que generó una fuerte reacción de rechazo fue el artículo de ese decreto que determinaba que “los funcionarios, empleados y terceros que de algún modo vulneren el carácter y/o el contenido de estas declaraciones serán pasibles de las penas previstas por los artículos 157 y 157 bis del Código Penal según corresponda (penas de hasta dos años de prisión), siendo de aplicación toda otra sanción establecida en la normativa vigente”, señalaba el punto.
La oportunidad de ese decreto fue clave. La disposición se conoció en medio de intensa polémica nacional. En ese preciso momento, legisladores nacionales del oficialismo y –aunque con ambigüedad- el propio presidente Mauricio Macri intentaban desactivar la controversia generada por un artículo del mega proyecto de blanqueo de capitales que establecía justamente eso: penas de prisión para periodistas que divulgasen información relacionada con las declaraciones alentadas por esa iniciativa. Lo que estaba haciendo Vidal era replicar en la provincia la normativa cuestionada a nivel nacional. Concretamente, el decreto provincial incorporaba fragmentos de la ley de procedimiento tributario de la dictadura, norma que, según señalaron juristas en ese momento, es tan anacrónica que se la considera letra muerta.
ENSAYO Y ERROR. Al calor de la polémica, el mismo día, por la noche, Vidal decidió modificar el decreto. En un comunicado oficial, la Gobernación informaba que "antes las dudas" surgidas, "el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires reconoce un error en la redacción del mismo".
"Por lo tanto -agregaba-, la Gobernadora resolvió derogar los artículos 1, 2 y 7, para despejar cualquier inquietud sobre el libre acceso a las declaraciones juradas, así como a cualquier otro asunto de interés público."
