En varias ocasiones, la Provincia confecciona de manera errónea las certificaciones de servicio (carrera laboral) requerida para la jubilación docente. Esto genera que en numerosos casos el beneficiario comience a percibir haberes superiores al que correspondería por estar mal registrados en un cargo más alto (por ejemplo: un profesor, como inspector).
Mientras se corrige esto, burocracia (y meses) mediante, se genera una deuda que luego el jubilado tiene que devolver en concepto de “haberes mal percibidos”. Estos montos a reintegrar al Estado se efectúan mensualmente y con una tasa de interés que era del 6%. Sin embargo, la administración vidalista determinó que esos intereses trepen al 25%, lo cual disparó la furia del arco gremial, que rotula la medida como “confiscatoria”.
Semanas atrás, SUTEBA pidió en una nota al director del Instituto de Previsión Social (IPS), Christian Gribaudo, que se impugne esta resolución, pero, ante la falta de respuestas, este jueves el Frente Gremial Docente Bonaerense presentó una carta documento exigiendo la inmediata nulidad de este incremento en la tasa de interés, “lo que se traduce en una confiscación lisa y llana del haber jubilatorio y una grave vulneración a los derechos previsionales de los jubilados”.
En diálogo con Letra P, la secretaria de Jubilaciones de SUTEBA, Marina Mapelli, apuntó contra el área de Jubilaciones y Certificaciones de la cartera educativa bonaerense por estas liquidaciones erróneas y cuestionó la resolución del IPS que modifican las tasas de interés a estas deudas no sólo surgidas por haberes mal percibidos sino por aportes no ingresados de servicios desempeñados.
“Si certifican mal, no es un problema nuestro, es un problema de ellos”, disparó al cuestionar que esto “no sólo le genera una deuda al jubilado sino que se la descuentan con intereses” que ahora pasó del 6 al 25%.
GENTE QUE SE MUERE SIN PODER PAGAR. “Es una medida arbitraria, ilegítima y es manifiestamente confiscatoria porque esos haberes de los trabajadores jubilados representan su base de sustento, es prácticamente usuraria, origina incertidumbre y es inconstitucional”, subrayó Mapelli al tiempo que enfatizó: “Esos errores son originados por la propia gestión de la entidad, la lentitud de sus procedimientos e incapacidad para dar rapidez a esos trámites. Se genera esa deuda y luego no subsana rápidamente el error”.
Asimismo, la secretaria de Jubilaciones de SUTEBA detalló que “algunas deudas son por cifras impresionantes” ya que se han detectado montos “de 130 mil hasta 250 mil pesos”. Y graficó: “Hay gente que se muere sin poder pagar esa deuda y por error de la propia administración”.
Bajo este escenario, la gremialista requirió que la Provincia “deje sin efecto esa resolución” de incremento de la tasa de interés. La carta documento presentada este jueves exige una respuesta “en un plazo de 72 horas”. De persistir el silencio oficial, Mapelli adelantó que “se llevarán a cabo acciones legales”.
Así, puntualizó que esta modificación del 6 al 25% en la tasa de interés “atenta contra los trabajadores en la medida que establece un criterio que supera en más de cuatro veces los intereses que el IPS aplicaba tradicionalmente a las deudas”.
Ante la consulta de este medio desde el IPS indicaron que nunca se efectuó ningún tipo de descuento de las características advertidas por las entidades gremiales y subrayaron que “la resolución no está vigente y está siendo analizada”, en tanto se enfatizó que en ningún caso “se llegará a ningún esquema de política confiscatoria” por parte del organismo.