Intervención en el sindicato

Cambiemos respalda a Gladys González y va a fondo contra el Caballo Suárez

"Si para terminar con las mafias del SOMU tengo que dejar de ser diputada nacional, lo haré", dijo la diputada, quien fue amenazada en los últimos días. Elisa Carrió la defendió.

"Si para terminar con las mafias del SOMU tengo que dejar de ser diputada nacional, lo haré", expresó Gladys González, que se desempeña además como interventora judicial del SOMU. Carrió la respaldó y de esta manera se profundiza la lucha contra Enrique Suárez para normalizar la situación en ese sindicato.

 

Es que al ser consultada por la Revista Puerto sobre una supuesta incompatibilidad de funciones en su rol como interventora del sindicato y su cargo de diputada de la Nación, aseguró: "No hay incompatibilidad entre una tarea y otra porque no se colisionan dos poderes del Estado", y agregó: "no me van sacar del camino los que estafaron a los marineros durante más de 20 años. Ni lo sueñen. No tengo ninguna duda que en caso de que se me ordenase tener que optar por seguir con la intervención o ser diputada; elegiré seguir al frente de la intervención y renunciaré a la banca del Congreso. Vamos a hacer un sindicato modelo y a terminar con la mafia que estafó por muchos años a sus propios afiliados".

 

Además, aclaró que "no cobra en concepto de sueldo ni de aguinaldo ni vacaciones. Lo único que percibe es por gastos de representación remunerativos y, en consecuencia, está dada de alta en AFIP y paga impuesto a las ganancias por ello". "Es importante aclarar que esos gastos de representación no salen de fondos de otro poder del Estado (ejecutivo, legislativo o judicial) sino con fondos del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU). He tenido muchos compañeros gremialistas diputados en el Congreso de la Nación y siempre siguieron desempeñándose como secretarios generales de sus sindicatos".

 

Por último, González dijo que "los denunciantes son los mismos que me amenazaron en Corrientes, los mismos que intimidaron a los abogados que designamos en Corrientes y que vienen extorsionando y amenazando a los marineros condenándolos a no subir a los barcos si no les pagaban un peaje, quitándoles su derecho al trabajo".

 

Respecto a las declaraciones sobre gastos de la diputada para la contratación de uso personal, la interventora sostuvo que "en el SOMU todas las decisiones las toman los tres interventores. No hay posibilidad de pagar ni de designar a ningún empleado de manera unilateral. Todo el personal que llegó se irá cuando termine la intervención y todo lo que se paga en la intervención lleva la firma de los tres interventores". "Absolútamente todo lo que se hace está avalado por el juez Rodolfo Canicoba Corral que, como representante de la justicia, determina todas las designaciones".

 

En ese sentido, la interventora aclaró que "en el informe trimestral de la Comisión Interventora Judicial, se explicaron todos los ahorros en cada área y entre ellas el que hubo en el área de comunicación; hoy tres personas reemplazan y hacen el trabajo que antes hacían seis y el ahorro en esa área fue del 50% mensual con respecto a la anterior administración". "Desde la administración de la Comisión Interventora Judicial le generamos al Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) un ahorro de $ 3.072.840 mensuales para su operatoria habitual, y un ahorro de $ 4.687.477,14 por errores en certificaciones de obras", concluyó.

 

En esa línea, la diputada nacional Elisa Carrió salió en defensa de González y dijo de ella que "está padeciendo acusaciones de todo tipo que no se compadecen con la realidad, sino que son obra de aquellos que no quieren ver amenazado ni su poder ni sus negociados". Así, consideró que no tiene incompatibilidad entre su representación popular como diputada y su designación como interventora en el SOMU porque "no hay colisión de dos poderes del Estado". "Respaldamos la tarea llevada adelante por Gladys González", cerró Carrió, en lo que se ha transformado en una cruzada contra Enrique Omar Suárez.

 

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