Intendente en la mira

Abuso sexual en Chascomús: acusan una posición "ambigua” del municipio

La abogada del trabajador municipal violado por sus compañeros, cuestionó que éstos últimos sigan siendo empleados de la Comuna. Llamativos pedidos y cambios de funciones.

Mariela Zaldúa, abogada de Maximiliano, el trabajador municipal de Chascomús abusado sexualmente en reiteradas ocasiones por sus compañeros de trabajo, adelantó a Letra P que solicitará que se convoque a declarar nuevamente a dos testigos de la causa al detectar aspectos “contradictorios” en sus testimonios previos, con lo cual estima que podrían aportar nuevos elementos que se sumen a los ya presentados para reforzar el pedido de prisión por abuso sexual gravemente ultrajante a los cuatro denunciados que aún no sólo permanecen en libertad, sino que siguen formando parte del plantel comunal, aunque estén suspendidos sin goce de haberes “Es una situación ambigua la del municipio, no la comprendo”, remarcó la letrada.

 

Y es que, a pesar de aisladas declaraciones marcando lo “lamentable” del hecho, el intendente chascomunense, Javier Gastón (Frente Renovador), se mantiene a la espera de una resolución judicial para tomar una determinación sobre la continuidad o no de estos sujetos. “Esperar que culmine la investigación judicial para tomar una decisión, no deja de ser una postura política”, cuestionó al alcalde la letrada de Maximiliano al hacer hincapié: “No se entiende el porqué de querer mantener a esta gente en estos cargos”.

 

En tanto, alertó que “desde enero de 2016” el intendente y sus funcionarios “estaban al tanto del abuso de autoridad” que desplegaba el capataz del corralón municipal donde se desempeñaba Maximiliano y uno de los imputados por el aberrante hecho, Gabriel Bulggiani. Así, remarcó que en un video difundido por el programa El Expediente que se emite por C5N el mes pasado daba cuenta que delegados gremiales alertaron al Secretario de Gobierno Cipriano Pérez del Cerro sobre graves irregularidades en el corralón municipal, en las que ponían de manifiesto la existencia de drogas, armas y abuso de poder. “El municipio lo sabía, lo sabe pero siguen siendo empleados municipales”, fustigó la letrada.

 

PEDIDOS Y CAMBIO DE FUNCIÓN. Bajo este escenario, Zaldúa afirmó que “es real” que    Javier Gastón solicitó a la madre del abusado que no organice movilizaciones populares en reclamo de justicia para su hijo. “Cuando se lo pide el intendente, que va junto al secretario de Obras Públicas municipal, Alejandro Arias, dijo que era para no generar en el pueblo tanto tumulto”.

 

Asimismo, la letrada focalizó en un repentino cambio de funciones de la madre de Maximiliano, la cual también es empleada municipal: “A la semana del hecho, pasó de recolectar hojas en la laguna a servir café en el municipio, con un mejor sueldo”. En este contexto, la mujer nunca apuntó cuestionamientos hacia el Palacio Municipal.  

 

Consultada sobre si existe alguna conexión política para motorizar un supuesto resguardo de los denunciados, Zaldúa no sólo criticó la inacción del oficialismo municipal, sino que afirmó: “Los concejales de la oposición no están haciendo absolutamente nada con respecto a esto. Políticamente nadie hizo un comunicado”.

 

INCERTIDUMBRE Y MIEDO. Con los implicados en libertad y perteneciendo aún al plantel municipal, la abogada de Maximiliano alertó sobre un “miedo” extendido en los trabajadores municipales que provoca declaraciones contradictorias de éstos al referirse al caso.  

 

Este temor se mecha con las versiones en torno al capataz Bulggiani sobre quien se afirma que “ofrecía droga a los empleados y si no aceptaban los cambiaba de área. Estaba armado con una 38 y muchas veces disparaba en el basural para demostrar el poder que tenía”, detallaron.

 

El miedo también abarca a Maximiliano: “Le arruinaron la vida. Vive encerrado. Tiene un patrullero”, comentó su abogada. La causa radica en el Juzgado de Garantías Nº5 del Dr. Christian Gasquet e interviene la Fiscalía de la Dra. Daniela Bortoletti.

 

Cabe recordar que, más allá del pedido de detención de la fiscal, el juez Gasquet consideró que al momento no había elementos de prueba para calificar el hecho como abuso sexual gravemente ultrajante, por lo que les imputó sólo "abuso sexual agravado por la participación de dos o más personas", y les concedió la libertad a los cuatro imputados: Matías Almazo, Manuel Busquet, Pablo y Gabriel Bulggiani.

 

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