Tal como lo señaló Letra P al adelantar las 1500 jubilaciones de oficio que dispuso el Gobierno bonaerense para docentes, los gremios del sector se mostraron en alerta ante la medida que, tras ser analizada, fue rechazada "de plano" al argumentarse que lo determinado “es arbitrario, inconsulto y vulnera derechos”, razón por la cual comenzaron a presentar recursos de revocatoria al titular de Educación, Alejandro Finocchiaro. Así lo remarcó en diálogo con este medio la secretaria de Jubilaciones del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (SUTEBA), Marina Mapelli, quien afirmó que, en varios casos, los ceses “violan el artículo 18 del Estatuto (del sector) que plantea que todo docente debe llegar a las máximas condiciones posibles para su jubilación y esto no ocurre”. Además, las entidades nucleadas en el Frente Gremial Docente planean un recurso de amparo en la Justicia.
Al detectar “muchísimos errores” en los ceses de oficio, Mapelli detalló que se incluyen casos de “docentes que ya iniciaron su jubilación, otros que están esperando que vuelva su expediente”, mientras que a algunos educadores se los jubiló en ciertos cargos pero en otros no, por lo que apuntó: “No hay un hilo conductor”. En la misma línea, la gremialista explicó que en el polémico decreto de la cartera educativa bonaerense figuran “muchísimos docentes que no cumplían la máxima de acceder al mejor beneficio jubilatorio”.
Así, puso como ejemplo el caso de una docente a la que sólo le restaba un año para jubilarse como inspectora pero, con esta decisión de oficio, se ve coartada su cercana posibilidad de acceder a un haber previsional superior. Por otra parte, advirtió que en varios municipios existen docentes que cumplen con “la máxima edad” pero que “no están en la lista” de ceses de oficio.
CONTRA EL ANTICIPO JUBILATORIO. En la misma sintonía, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) denunció que, para dichas jubilaciones de oficio, la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) estipula que se efectuarán con anticipo jubilatorio, lo cual significa que, hasta tanto los afectados no perciban sus haberes previsionales, sólo cobrarán del último cargo el 60% del básico, 60% de antigüedad, 60% de montos remunerativos y sin aumentos ni aguinaldo, incentivo o seguros, y sin cobertura de IOMA.
Ante eso, las entidades gremiales se opusieron “a la aplicación arbitraria y dañosa” del anticipo jubilatorio y exigen que el cese de oficio sea “con el código jubilatorio en mano” para que "ningún docente se vea perjudicado, dañado o vulnerado en su salario”. Asimismo, el Frente Gremial Docente contempla por este tema profundizar “medidas de acción conjunta”.
LLAMATIVA NOTIFICACIÓN. Además del rechazo a los mecanismos aplicados por el gobierno de María Eugenia Vidal para avanzar en dichas jubilaciones, Mapelli cuestionó la llamativa manera en que dieron cuenta de esta determinación: “Lo desconocíamos absolutamente. Nos anoticiamos con un mensaje vía mail, de forma extra oficial, en el mismo momento que estábamos manteniendo una reunión en la Dirección General de Cultura y Educación por dilaciones en el sistema previsional”.
Así, la secretaria de Jubilaciones de SUTEBA remarcó que ninguno de los funcionarios presentes en aquel encuentro (el subsecretario de Políticas Docentes y Gestión Territorial, Lic. Manuel Vidal, el director Provincial de Negociaciones Colectivas, Miguel Ángel Garófalo, el director de Jubilaciones y Certificaciones, Dr. Gastón Scorsetti, entre otros), hizo mención al decreto que se había publicado ese mismo día en el Boletín Oficial, por lo que tuvo que ser la parte gremial la que, una vez notificada, puso el tema sobre la mesa. “Dieron explicaciones muy someras, dijeron que cumplían con los requisitos”, comentó Mapelli sobre la respuesta oficial.
REVOCATORIA Y AMPARO. Lejos de mostrar conformidad ante el argumento del Ejecutivo, SUTEBA decidió impulsar recursos de revocatoria: “En toda la provincia, los docentes van a la seccional de SUTEBA, retiran el recurso, y los presentan en la Secretaría de Asuntos Docentes”, comentó Mapelli que, sin un número preciso de los docentes que fueron irregularmente colocados en el listado de jubilaciones de oficio, denunció: “Es muy irregular todo”.
A su vez, al focalizar en que se trató de “una medida unilateral”, la gremialista manifestó que “si bien es potestad” del Ejecutivo tomar estas decisiones, el arco gremial “debe ser consultado y debía darse tratamiento”.
Bajo este escenario, y de no revocarse las jubilaciones que por estas horas se están recusando en las Secretarías de Asuntos Docentes de varios distritos, los gremios tomarán el camino de la Justicia.
