La situación fue denunciada por integrantes de Abuelas de Plaza de Mayo, desde donde se indicó que el Ministerio de Seguridad, dirigido por Patricia Bullrich, vació áreas sensibles dedicadas al sostenimiento de las políticas de Derechos Humanos, y advirtieron sobre la desarticulación del Grupo Especializado de Asistencia Judicial (GEAJ), que colaboraba en la extracción de muestras de ADN por vía judicial para identificar a hijos e hijas de desaparecidos durante la última dictadura.
Mediante un comunicado difundido el pasado viernes, el organismo de derechos humanos presidido por Estela de Carlotto informó que ese día “se publicó en el Boletín Oficial la nueva estructura orgánica del Ministerio de Seguridad de la Nación, y allí pudimos constatar la desintegración de la Dirección de Derechos Humanos dependiente de la cartera ministerial”.
Asimismo añadieron que “este área ocupaba un rol muy importante en el relevamiento documental y en la producción de informes para asistir a las investigaciones judiciales por los crímenes de lesa humanidad. De ella también dependía el GEAJ, que fuera materia del Acuerdo de Solución Amistosa entre Abuelas de Plaza de Mayo y el Estado Nacional, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2009 (Acuerdo publicado en el Boletín Oficial el 20/11/09)”.
El Estado nacional había creado en 2009 el GEAJ para dejar de lado la intervención de las fuerzas de seguridad al momento de la toma de muestras de ADN, ya que se constató que en muchas ocasiones los agentes intervinieron de forma maliciosa para complicar la investigación de la búsqueda de los bebés apropiados. De esta manera, se ponía en manos de funcionarios judiciales el contacto con las personas que podrían llegar a ser víctimas de su apropiación.
Pablo Lachener, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo explicó en una entrevista con Tiempo Argentino que “desde hace meses” comenzaron a notar que el área “no estaba funcionando bien y con retraso”.
“Argumentaban excusas de sobrecarga de trabajo, y ayer [por el viernes] nos desayunamos con la noticia. Este grupo especial se pone en funcionamiento cuando las muestras no pueden ser tomadas de manera voluntaria y hace falta una intervención de personal especializado y adecuado a las víctimas y al delito”, apuntó el abogado y añadió: “No es que se deja de buscar a los nietos. Esa es una tarea de toda la sociedad, pero que deje de funcionar este grupo afecta la investigación”.
Cabe agregar que en lo va del año fueron despedidos 15 de los 33 miembros de la Dirección, entre ellos los integrantes del equipo de Investigación, el GEAJ, el de cotejamiento de huellas digitales y de Género.
El comunicado de Abuelas concluye señalando que la decisión de modificar el organigrama del Ministerio en este sentido implica “un grave retroceso en los estándares alcanzados por el Estado Nacional en materia de investigación y juzgamiento en crímenes de lesa humanidad que lo tornan responsable internacionalmente”.
Es por eso que solicitaron a la ministra Bullrich dar marcha atrás con esta medida. Caso contrario denunciarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Gobierno Nacional “por el incumplimiento del acuerdo de solución amistosa del año 2009″.
