Como informó Letra P a la antigua gestión k en lo que supo ser el corazón del sabbatellismo no le aprobaron la rendición de cuentas municipales del año pasado. “Desde el 10 de diciembre se hicieron varias denuncias, incluso penales. Fueron por malversación de caudales públicos”, le explicó a este medio la jefa del bloque Cambiemos, la concejal Analía Zapulla. La edil detalló algunos incongruencias en la gestión kirchnerista al frente del municipio.
Explicó que con las “compras recurrentes” que llevó adelante el sabbatellismo, “lo que hacían era fragmentar los valores de las compras por debajo de lo que obliga la ley para llamar a licitación pública”. De esta manera lo que se hacía –según la versión del ahora oficialismo- eran “varias compras chiquitas en las cuales siempre se presentaban los mismos dos proveedores”.
Pero uno de los puntos que más les llamó a la atención a los revisores de las cuentas municipales fue la contratación de la empresa Knack. Se trata de una encuestadora que realizó servicios para el municipio. “Hubo un gasto importante en una consultora de opinión pública que eso fue casi de un millón de pesos”, le dijo a Letra P, Zapulla. En este orden se trató de dos encuentras realizadas durante el 2015 en plena campaña electoral.
“El resultado de la encuesta no aparece en ningún lado, se supone que es una compra que hace el municipio y es un insumo que debería estar en el municipio”, agregó la concejal.
“Buscando referencia de esa consultora encontramos dos encuestas en esos mismos dos momentos en lo que se plantea la encuesta y en realidad son encuestas electorales. Una lo daba a Martín Sabbatella segundo peleando en la interna del Frente para la Victoria (FpV) en la Provincia y otra que lo daba en lo local a su hermano, -que fue candidato a intendente por el FpV- Hernán Sabbatella, ganador sobre Ramiro Tagliaferro”, detalló.
Durante la sesión, de la que participó el ex intendente y hoy concejal Ghi, el oficialismo detalló que existe “la posible comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, defraudación al estado, falsedad ideológica de documentos públicos y falsificación de documentos privados”.
