El bloque de senadores del Partido Justicialista bonaerense presentó un proyecto de Ley mediante el cual se propone que la Suprema Corte de Justicia tenga una participación en la renta de la totalidad de los depósitos judiciales en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, en un porcentaje no menor al 50 por ciento, "para dar respuesta a las acuciantes necesidades en materia edilicia".
El proyecto establece, de acuerdo al sistema previsto por la Ley Nacional 23.853 y con sustento en legislaciones de otras provincias, “la participación de la Suprema Corte de Justicia en el beneficio o utilidad derivado de los depósitos judiciales”.
La iniciativa lleva la firma del presidente del bloque del PJ, Daniel Barrera, junto a sus pares de bancada, Patricio García y Norberto García, quienes sostienen que dicha participación no podrá ser inferior “al cincuenta por ciento (50%) del total de la renta generada por los depósitos, quedando las cuestiones relativas a la logística e implementación del beneficio sujetas a la firma de un convenio entre la Suprema Corte de Justicia y el Banco de la Provincia de Buenos Aires”.
“Asimismo se establece que los fondos generados por la implementación de la presente iniciativa serán afectados a la ejecución de obras de infraestructura judicial, adquisiciones o expropiaciones de inmuebles, equipamiento, desarrollo e innovación tecnológica en general y bienes o servicios asociados a tales fines”, agregaron.
“Todo esto en el marco de la búsqueda de fuentes de financiamiento alternativas para dar respuesta a las acuciantes necesidades en materia edilicia que sufre el Poder Judicial, y en el intento de asegurar la continuidad del proceso de modernización del servicio de administración de justicia, a partir de la incorporación de nuevas tecnologías de información y comunicacionales”, fundamentaron. Y expresaron que la norma tiene el objetivo de “garantizar el acceso a un servicio de justicia eficaz, y de esta manera se podrá mejorar la prestación de una actividad estatal indelegable, de cuya eficacia depende la defensa de los derechos y garantías constitucionales”.
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