“Una misión de alto nivel de OCDE se reunirá con funcionarios argentinos por el combate del cohecho internacional”. De esta manera, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) anunció el desembarco este martes de una comitiva de dicho foro para “urgir” al Gobierno a implementar el convenio “anti-cohecho” impulsado por este organismo bilateral al que el presidente, Mauricio Macri, se muestra deseoso de pertenecer en el marco de su retórica de “insertarse al mundo”.
Se trata de un ente integrando por 34 países (en su mayoría los hegemónicos) que, a la par del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, desperdiga por las administraciones públicas de los diversos países en desarrollo su paquete de “recomendaciones” económicas al amparo del fomento de políticas “transparentes”, sugerencias que en su reciente derrotero por América Latina cosecharon numerosos rechazos.
Ser parte. Apenas arribado a la Casa Rosada, el macrismo brindó claras señales de pretender integrar la OCDE. En el Foro Económico Mundial realizado en Davos a comienzos de año, el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay tuvo su primer contacto con el titular de la entidad, el mexicano José Ángel Gurría, con quien acordó avanzar en los pasos a seguir para que Argentina ingrese al ente.
Semanas más tarde, apareció el primer guiño de Gurría, afirmando que observa con un "enorme optimismo" a la Argentina luego de las medidas económicas implementadas por el gobierno de Mauricio Macri.
Evaluación. En este proceso de monitoreo al que se somete el mandatario argentino, una misión “de alto nivel de la OCDE” se reunirá tanto hoy como mañana con funcionarios del área de Justicia y Derechos Humanos, Asuntos Exteriores, Oficina Anticorrupción, Justicia Federal y legisladores con el objetivo de “urgir a Argentina a mejorar la ejecución” de la convención de la OCDE anti-cohecho.
En diciembre de 2014, durante el kirchnerismo, el organismo expresó “serias preocupaciones” sobre la implementación de la convención de la OCDE anti-cohecho por parte del país que “sigue sin contar con una ley que penalice a las empresas por el cohecho internacional y que permita procesar a los ciudadanos que cometan este delito en el extranjero”. Ahora, con el macrismo, además de la “misión” que se desarrolla por estas horas, se adelantó que “Argentina será sometida a una nueva evaluación a finales de 2016 para evaluar su progreso”.
Experiencias latinoamericanas. La semana pasada, la Federación Colombiana de Educadores realizó una jornada de protesta ante la llegada a ese país de emisarios de la OCDE, denunciando que el organismo al que también pretende sumarse el presidente Juan Manuel Santos, apunta a instaurar un “Plan de Desarrollo” que impacta contra la educación pública, impulsando asimismo “recortes en la seguridad social, menor asignación salarial, mayores impuestos y alza en los tributos a la clase media”.
En Panamá, la promesa del presidente Juan Carlos Varela de acogerse al estándar propuesto por la OCDE para el intercambio automático de información financiera, fue tomada por varios políticos y economistas del país caribeño como “una contribución” del jefe de Estado al discurso que apunta a etiquetar a Panamá como centro mundial de las operaciones financieras irregulares, sin posar la mirada en los paraísos fiscales orbitados por las grandes potencias.
En México, se acusó a la OCDE de pretender disminuir la pensión de 26 millones de trabajadores. Ayer en Chile, instaron a Michelle Bachelet a “realizar mejoras en su política regulatoria económica”.
Historia y autoridades. La OCDE fue impulsada por Estados Unidos en 1947 con el objetivo de coordinar el Plan Marshall, la estrategia norteamericana para conservar y fortalecer la hegemonía capitalista en la Europa occidental al calor de la Guerra Fría. A partir de allí, se enfocó en ser un organismo que diseña políticas económicas sustentadas en estadísticas que también se emanan desde su sede en París.
Actualmente sólo dos países latinoamericanos (México y Chile) forman parte de este organismo multilateral que integran Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canada, Corea del Sur, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Dinamarca, Grecia, Holanda, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Luxemburgo, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia, Suiza y Turquía.
Su actual secretario general es José Ángel Gurría, quien se desempeñó como secretario de Hacienda del Gobierno mexicano de Ernesto Zedillo, del 5 de enero de 1998 al 30 de noviembre de 2000.
En ese lapso, Gurría efectuó tres ajustes amparados en la caída del precio del petróleo, afectando áreas como infraestructura, hospitales, escuelas, viviendas de interés social, subsidios a la tortilla de maíz y programas contra la pobreza, según un estudio realizado la Cámara de Diputados del país azteca razón por la cual en un momento se barajó la posibilidad de llevarlo a juicio político, algo que finalmente no se concretó. Por estos días, Gurría recorre diversos países emergentes asegurando tener la clave para el desarrollo.
