Sergio Massa lleva meses tratando de encontrar su lugar en el escenario político. Arrancó siendo el socio estratégico más confiable del Gobierno, pero ese rol hoy lo encuentra en una silla incómoda y cuestionada, desde afuera y desde adentro. Tras garantizarle al presidente Mauricio Macri que la Cámara de Diputados fuera un paso sin trabas para el oficialismo y después de mostrarse como un opositor “friendly” en la Cumbre de Davos, busca ahora despegarse de un gobierno que aplica un plan de ajuste, despidos y tarifazos que de gradual no tiene nada y cuyo impacto social recién está empezando a mostrar sus primeras reacciones. Si eso se profundizara, el riesgo de pasar de dialoguista a cómplice sería alto. Y las vías de escape, cada vez más escasas.
Quien hizo una campaña inspirada en la derecha norteamericana tradicional, sustanciada en hitos discursivos como “inseguridad”, “narcotráfico”, “transparencia” y “corrupción”, hoy paga el costo de ser el garante de uno de los cinco jefes de Estado en ejercicio a quienes les descubrieron sus sociedades offshore con el “Panamá Papers”. Y quizás la ambigüedad que hoy envuelve al ex jefe de Gabinete haya encontrado en este caso su clímax: obsesionado por su personalismo, Massa usó cuanto micrófono encontró para reclamar que Macri convocase a una conferencia de prensa para explicar su situación en ese paraíso fiscal; pero, en simultáneo, ordenó a su bloque votar en contra del pedido que en la Cámara baja impulsaron la izquierda y el Frente para la Victoria (FPV) para que el Presidente brindase esas mismas explicaciones ante el Congreso. Otro pago más a cuenta de la Casa Rosada, pero sin contraprestación palpable.
Este viernes, el massismo tenía agendada una cumbre en Chivilcoy. Lo previsto era concentrar allí a los intendentes bonaerenses que quedan enrolados en la escudería +A. Fue un fracaso tan grande que lo que se había convocado como una cumbre de peso terminó siendo “un encuentro con referentes del Frente Renovador de toda la Cuarta sección slectoral”, según la gacetilla que distribuyó el equipo de prensa de Massa. Una jugada para esconder debajo de la alfombra lo inocultable.
Uno de los pocos que llegó hasta esa ciudad del interior bonaerense fue Julio Zamora, heredero de su jefe en la Municipalidad de Tigre y uno de los que se mantienen en estado de resignación con los manejos políticos que el tándem Massa-Galmarini viene ejecutando. El mismo tándem que terminó hartando a uno de los hombres más fieles y cercanos que tenía Massa, el intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre, quien, cansado de la concentración de poder en el núcleo familiar del líder del espacio, pegó el portazo hace apenas unos días.
En su afán de distanciarse de las medidas de ajuste, Massa sostuvo en Chivilcoy que hay que “poner el foco en lo que es importante”, y enumeró: “Sube la nafta, sube el gas, sube la luz, sube el transporte, pero los sueldos no suben y la gente tiene miedo de perder el empleo”. Un intento vago por copar algo de la agenda social, la que desoye el Gobierno que lo tiene anotado como su socio más fiable. Poco puede decir de los despidos en el Estado, ya que durante la campaña se cansó de repetir que había que “barrer a los ñoquis de La Cámpora”. Por su silencio, Massa debe estar convencido de que las decenas de miles de empleados públicos que el macrismo dejó en la calle eran todos militantes de la agrupación que conduce Máximo Kirchner.
El caso De la Torre es sólo una muestra: las mismas quejas se replican en infinidad de dirigentes massistas, sobre todo en los intendentes. Quejas que, por ahora, sólo se animan a soltar cuando se apagan los grabadores. Esto quedó claro este mismo viernes en Chivilcoy. Mientras Massa se sacaba la foto con el anfitrión, Guillermo Britos, De la Torre hacía lo propio en San Antonio de Areco con el intendente local, Francisco “Paco” Durañona, “Peronista, Kirchnerista. Militante del proyecto Nacional y Popular de Néstor y Cristina”, según su bio de Twitter.
¿Cuál es la queja de los intendentes? Que Massa lleva meses ninguneando esa base de poder, que eran ellos, para la toma de decisiones del FR, las que ahora se concentran en una mesa a la que sólo tienen habilitado el ingreso el propio Massa y su esposa, Malena Galmarini.
Otro apellido está empezando a tallar hondo en esta guerra de nervios entre el jefe y su tropa. Los massistas que vienen desde hace años trabajando para agrandar la figura de su líder miran con recelo su relación con Margarita Stolbizer. Muchos de ellos, que en las legislativas del año que viene se jugarán buena parte de su futuro, desconfían del crecimiento que se le está dando a una dirigente a la baja, que viene de hacer una muy mala elección y a la que no le queda ni presencia parlamentaria: hoy, por más instalación mediática que se le quiera dar, el GEN apenas si cuenta con un diputado –la propia Margarita- y un senador nacional, Jaime Linares, a quien se le vence el mandato el año próximo. Este recelo y está desconfianza, además, crecen en paralelo a la versión de un acuerdo para armar la boleta Massa senador-Stolbizer diputada en 2017.
El escenario de “cogobierno” que Massa quiere instalar a nivel nacional cada vez se parece más a una sociedad de las que no prosperan, ésas en las que uno trabaja y el otro cobra. Massa le regaló a Macri la aprobación del DNU con el que el Gobierno le hizo cirugía profunda a la Ley de Medios, un decreto que no sólo amplió los límites antimonopólicos y prorrogó el ingreso de las telefónicas al mercado audiovisual –todo a medida del Grupo Clarín-, sino que exterminó a la Afsca y la Aftic para crear la Enacom, un organismo que se va a digitar con una mayoría automática del Ejecutivo, en el que la oposición –lo que vendría siendo el FR- tendrá apenas un rol decorativo. Dijo que lo hacía por el compromiso del Gobierno de enviar al Congreso una reforma integral de la ley. Por ahora sólo se creó una comisión, diseñada en pleno por el macrismo, para empezar a trabajar en esas modificaciones. Lo que quería Massa era que su íntimo amigo y zar de los medios Daniel Vila tuviera voz y voto en esa reforma. Por ahora, no obtuvo nada.
Massa sí consiguió imponer algunos cambios en la ley con la que el Gobierno logró aprobar en el Congreso el pago a los fondos buitre. Aunque esa deuda el macrismo se la tiene anotada a los gobernadores peronistas. Los mismos que consiguieron la firma de Macri en un decreto simple –que no requiere discusión parlamentaria- el llamado a negociar un nuevo reparto de la coparticipación, tras el conflicto por la derogación de la devolución del 15% de esos fondos que la Anses retiene a las provincias. Con ese decreto, que Massa se adjudica como un triunfo, lo que consiguieron los jefes provinciales es correr al ex intendente de Tigre de una lata en la que estaba ansioso por meter la cuchara.
Por el otro caballito de batalla de Massa, la reforma del Impuesto a las Ganancias, en el Gobierno se quedaron con las modificaciones al mínimo no imponible vía DNU que, si bien subió algunos topes, puso en la lista de pagadores a un universo amplio que estaba exento. Dicen estar trabajando en una reforma integral de esa alícuota, pero por ahora no hay nada. Otra derrota para Massa.
Entre toda esta incertidumbre para redefinir su perfil y no quedar atado a un Gobierno que está demoliendo el bolsillo de los trabajadores, a Massa lo ata una gruesa correa: el pacto político que selló con el PRO en la provincia de Buenos Aires. En el massismo se cansan de decir que “el acuerdo es sólo en la provincia”, algo que ningún funcionario macrista, ni nacional ni bonaerense, admite. Hasta se escuchó a la gobernadora María Eugenia Vidal repetirlo entre algunos allegados: “Que Massa no se equivoque; el acuerdo es total. Si rompe en la Nación, se rompe en la provincia”.
Ése es un riesgo que el jefe de los renovadores no puede permitirse correr. La presidencia de la Cámara de Diputados bonaerense, tal vez el máximo pago que recibió de la gobernadora a cambio de la fidelidad del massismo, es hoy una de las principales fuentes de financiamiento del FR. Pero el botín incluye sillas en el directorio del Banco Provincia, la Secretaría de Derechos Humanos y varios cargos de segunda y tercera línea. Y Massa, como jefe de un frente con aspiraciones presidenciales, sabe que perder ingresos es perder poder. Y que perder poder es, para él, perderlo todo.
