Integrantes de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) encabezados por el titular del organismo, Adolfo Pérez Esquivel, se reunieron esta mañana con el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, para expresarle una serie de inquietudes que van desde los abusos y torturas implementadas por efectivos policiales (tal como sucedió recientemente en un destacamento del distrito de San Vicente) hasta la represión de la protesta social, como la ocurrida a comienzos de año en La Plata, preocupaciones que se sintetizaron en un documento presentado al funcionario, al que tuvo acceso Letra P, y en donde recalcan que “la instalación del discurso bélico de guerra contra el crimen, no es el mejor camino”.
“Hemos puesto particular énfasis en demostrar cómo las políticas de seguridad basadas en la delegación en la estructura policial y sus prácticas arbitrarias e ilegales, no solo no han contribuido a mejorar los indicadores delictivos sino que, por el contrario, han propiciado el incremento de la violencia y la connivencia estatal con los mercados ilegales”, comienza denunciando el documento.
Asimismo, la CPM recalca que “más allá de algunos matices, las distintas gestiones provinciales, han construido una falsa disyuntiva entre el respeto a los Derechos Humanos y el diseño de la política criminal. Esto ha propiciado el peor colapso del sistema penal en la provincia”, al tiempo que se alertó: “El incremento de la letalidad policial es otro dato negativo de la gestión estatal”.
Para revertir este escenario, el organismo de Derechos Humanos plantea “el desarrollo de modificaciones estructurales que tienen como pilares fundamentales la democratización y reforma estructural de la Policía de la provincia de Buenos Aires, la reversión de la cobertura estatal estructural de los mercados ilegales y las redes delictivas, el desarrollo de políticas sociales para limitar el impacto de los efectos de estos mercados entre los sectores más vulnerables, principalmente los jóvenes y mujeres pobres”.
Problemáticas centrales. En la misma línea, la CPM puso de manifiesto “una serie de problemáticas que entendemos requieren un tratamiento prioritario”. Aquí, se postuló que “la habilitación de los calabozos de comisarías como lugares de detención ha sido y es una condición de posibilidad para la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumaos y degradantes. Otro aspecto vinculado y particularmente preocupante es el de las muertes que se producen en comisarías. Año tras año se suceden muertes que suelen ser presentadas como suicidios o accidentes”.
A su vez, al pedir una “redefinición del rol de la Policía Bonaerense” e “implementación efectiva de la Policía Judicial”, se postula como “un objetivo de mediano término, debe ser el remplazo de las actuales Direcciones Departamentales de Investigación (DDI) dependientes de la policía bonaerense, por este cuerpo de investigadores judiciales.-
Represión y protocolo. Otra fuerte inquietud del organismo presidido por Pérez Esquivel es “la represión a la protesta social”, citando aquella “ocurrida en la ciudad de La Plata a propósito de un reclamo por la reincorporación de trabajadores, como la ocurridas en otras jurisdicciones”.
“Son un motivo particular de alerta”, enfatizaron para subrayar: “A esto se suma la reciente propuesta del protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas (a la que adhirió la provincia), que constituye un notable y preocupante retroceso que propicia la represión violenta y la criminalización de la protesta. En este punto, entendemos debe evitarse la implementación del mismo y propiciar genuinos espacios de trabajo para la constitución de protocolos respetuosos de las libertades y los derechos humanos fundamentales”.
En lo que refiere a “la problemática de las armas de fuego en la provincia de Buenos Aires” y el consecuente “uso letal de la fuerza por parte de funcionarios policiales”, la CPM puntualizó: “En la provincia de Buenos Aires existen serias falencias en materia de control de las armas de fuego, municiones y otros materiales controlados, particularmente grave es el déficit en el control de las armas bajo custodia estatal. Se trata de un problema de primer orden que impacta en la producción de violencia, ya que las fallas y omisiones de los distintos poderes del Estado en el registro y resguardo de las armas propician el desvío hacia el mercado ilegal y facilita el despliegue de prácticas policiales y judiciales ilegales”.
