El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, se fue este miércoles de la reunión con Sergio Massa con la certeza de que el Frente Renovador (FR) acompañará el plan de pago a los fondos buitre y los holdouts cuando el proyecto llegue a la Cámara de Diputados, a priori el próximo jueves. En el massismo, aunque algunas voces relativizan o condicionan ese apoyo, la mayoría da por hecho que se inclinarán por acomodarse del lado de los gobernadores, obsesionados por cerrar el litigio para salir a tomar deuda en dólares en el mercado internacional de crédito. Así las cosas, Massa será otra vez la llave para destrabarle al oficialismo un conflicto puertas adentro del Congreso. Esta vez, además, será para garantizarle al presidente Mauricio Macri la primera gran victoria política de su gestión.
Massa estuvo el miércoles reunido con Prat Gay. “Fue una reunión excelente. Como primer análisis puedo decir que este acuerdo judicial es mucho mejor que el que cerró el kirchnerismo con el Club de París. No obstante, vamos a esperar a que el ministro nos envíe la información con la letra chica del acuerdo antes de tomar una posición”, dijo a la salida. Fue sólo una frase diplomática. Lo cierto es que las condiciones del acuerdo, al menos las gruesas, ya se conocen y los gobernadores quieren su aprobación urgente. Massa, deseoso de crecer como jefe de un peronismo sin kirchnerismo que contenga a las provincias bajo gobiernos del PJ, quiere darles el gusto.
Este jueves, confirmó una fuente de Gobierno, Massa pisó Casa Rosada para avanzar en las charlas con el jefe de Gabinete, Marcos Peña. Según pudo saber Letra P, allí habría pedido sumar al temario de la sesión en la que se discutirá el pago a los buitres y los holdouts algún proyecto "amistoso". Atento a su propia agenda parlamentaria, sugirió modificar por ley las escalas del Impuesto a las Ganancias. Se llevó apenas el compromiso de ser analizado.
El principal punto de conflicto es que el proyecto, ingresado al Congreso este jueves, no contiene la suma exacta en la que el Poder Ejecutivo planea endeudarse. Según explicó un asesor con acceso a lo dialogado el miércoles entre Massa y Prat Gay, el plan del macrismo es tomar la mayor cantidad de deuda posible. ¿La razón? Son varias. Por un lado, aún no tiene claro cuánto será el costo total del acuerdo con los buitres, los holdouts y los “me too”; por otro, la decisión del juez Thomas Griesa de destrabar el pago a los bonistas que entraron a los canjes de 2005 y 2010 provocaría un agujero inmediato en las reservas del Banco Central (BCRA) cercano a los U$S 3.000 millones. Además, el gobierno quiere quedarse con un resto para tapar huecos financieros y poder bajar algo de plata a las provincias para aquietar las demandas de los gobernadores. La cifra que se mencionaba ayer rondaría los U$S 20.000 millones.
Al massismo no lo asusta la cifra, si contiene algo de aire para las provincias. Y, según explicó un legislador del FR, Prat Gay garantizó en la reunión que habilitará todos los pedidos de toma de deuda en dólares que envíen las provincias. “No vamos a poner ninguna traba”, habría garantizado el ex JP Morgan.
Esto es algo que impacta y mucho en el FR. Por lo pronto, de la reunión con Prat Gay participó el senador nacional Carlos Caserio, histórico operador y armador político del ex gobernador de Córdoba, Josá Manuel de la Sota. El “Gallego” será uno de los que se sentará en la mesa más chica de la que saldrá la posición del interbloque UNA frente al proyecto para derogar las leyes Cerrojo y de Pago Soberano y para pagarle a los holdouts. Otros dos, son gobernadores: el cordobés Juan Schiaretti y el chubutense Mario Das Neves. El restante es el ex ministro de Economía, Roberto Lavagna.
El sábado habrá un plenario del FR en la que, dicen, se “discutirá” cómo jugará el bloque cuando tenga que discutir el proyecto. Lo cierto es que ese encuentro sólo servirá para que los legisladores massistas se instruyan de la decisión de esa mesa chica económica, que acatarán sin mayor debate.
Con esto el oficialismo tendría garantizado los votos en la Cámara de Diputados para darle media sanción y enviar el expediente al Senado, donde se abrirá una discusión que esperan más extensa. Por lo pronto, el Gobierno no esconde su optimismo: el proyecto para reabrir el canje plantea su entrada en vigencia para el 1 de abril.
