De acuerdo a un informe presentado este jueves por la seccional bonaerense de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), durante el primer año de la Era Macri se registraron 824 casos vinculados a políticas represivas. Bajo el título “Un año de retrocesos en políticas de Derechos Humanos”, la entidad gremial subrayó que se advierte en esta etapa “el triste record de alrededor dos ataques diario en el territorio de la Nación”.
Al desglosarse estos episodios por jurisdicción, se refleja que la provincia de Buenos Aires, Capital Federal y Jujuy (las tres gobernadas por Cambiemos) integran este podio, concentrando más de la mitad de los hechos (481) contabilizados en el global nacional.
Puntualmente, en el territorio bonaerense se contabilizaron 298 casos, siendo la capital provincial el distrito donde se produjeron la mayor cantidad de hechos de estas características (50), seguido de Mar del Plata (20), La Matanza (15), Lanús (14), Quilmes (13), Junín, Vicente López y Tigre (10); y Bahía Blanca (7). Traducido en color político, 7 distritos gobernados por Cambiemos, uno por el FpV y otro por el Frente Renovador.
En tanto, y según el tipo de afectación, la violencia institucional y la persecución política alcanzan el 77% de los hechos. Por otro lado, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se detectaron 143 hechos y en Jujuy 40.
En lo que refiere a esta última jurisdicción, la entidad gremial subrayó: “El retroceso y el incumplimiento de las políticas de derechos humanos, establecidos en los pactos internacionales y en la Carta Magna Nacional, se evidencia claramente en la arbitraria detención de la compañera Milagro Sala. Considerada por los distintos organismos internacionales como presa política y víctima de una persecución”.
Según analizó la CTA de los Trabajadores, los casos relevados y registrados “muestran un retroceso en materia de derechos humanos y un ataque sistemático vinculados a las libertades políticas, civiles, sindicales, sociales. Afectando también al derecho a la información y haciendo presión para entorpecer y frenar la investigación sobre terrorismo de Estado, Juicios por delitos de Lesa Humanidad y el reclamo de memoria, verdad y justicia”.
“De esto se desprende que al menos existe la intención de instalar un nuevo -paradigma- o propuesta política social, en que la violencia del estado ocupa un rol central disciplinado, a su vez que ocurre un empobrecimiento de los trabajadores, conformando un mapa de recesión-represión. Que si no somos capaces de revertirlo, viene para quedarse”, puntualizó la central en el informe.
La presentación fue efectuada por Raúl Calamante y Daniel Pérez Guillen, secretarios Adjuntos de la CTA provincia de Buenos Aires, María Reigada secretaria de Derechos Humanos, CTA provincia; Estela Díaz, Secretaria de Genero de la CTA Nación, Pablo Masciangelo y Juan Muñoz, secretario de Finanzas y de Organización respectivamente de la CTA provincia. En ese marco, se proyectó un video con casos de represión y hubo muestras alusivas de artistas plásticos.